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Judicializado presunto implicado en el crimen de una mujer trans en Cajicá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Hernando Castillo Rojas como presunto responsable del crimen de su pareja sentimental, una mujer trans cuyo nombre identitario era Natalia Andrea Santodomingo Rodríguez, en Cajicá (Cundinamarca).

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero en una vivienda de la vereda Canelón, donde al parecer, Castillo Rojas atacó con violencia excesiva y desmedida a la víctima de 43 años, propinándole múltiples heridas con un arma cortopunzante, hasta provocarle la muerte.

Una vez cometido el crimen, el señalado agresor, de 30 años, emprendió la huida llevándose consigo los celulares y el dinero de la víctima.

De acuerdo con el material probatorio se estableció que el crimen habría ocurrido en medio de un acto de intolerancia por parte del agresor frente a la comunidad LGTBIQ+.

Por todo lo anterior, una fiscal de Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de feminicidio agravado y hurto calificado. El procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por esto hechos, Castillo Rojas fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 25 de noviembre en la vereda Bojacá, kilómetro a 4 vía Chía – Cajicá, en cumplimiento de una orden judicial.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Audiencia Pública Ambiental sobre el proyecto “Construcción Troncal de los Andes” en Chía

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) realizará la Audiencia Pública Ambiental del proyecto “Construcción Troncal de los Andes”, a cargo de la empresa Accesos Norte de Bogotá S.A.S., como parte del proceso de evaluación de la modificación de la licencia ambiental.

Este mecanismo de participación ciudadana se desarrollará en dos espacios complementarios: la Reunión Informativa y la Audiencia Pública Ambiental, que permitirán a las comunidades conocer los detalles del proyecto, resolver inquietudes y presentar sus opiniones, ponencias o propuestas frente al trámite ambiental.

El proyecto, ubicado en jurisdicción del municipio de Chía (Cundinamarca), corresponde al trámite de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto “Construcción Troncal de los Andes”, a cargo de la empresa Accesos Norte de Bogotá S.A.S., mediante el cual se busca modificar el trazado de la vía autorizada mediante la Resolución No. 02189 del 27 de noviembre de 2018.

Fechas y lugares de los espacios de participación

Reunión Informativa: domingo 9 de noviembre de 2025, desde las 8:00 a. m., en la Carpa Pabellón, vereda Samaria, sector El Humero, Chía (Cundinamarca).

Audiencia Pública Ambiental: domingo 30 de noviembre de 2025, desde las 8:00 a. m., en el Auditorio Álvaro del Portillo de la Universidad de La Sabana (Km 7, Autopista Norte, Chía, Cundinamarca).

Enlace de inscripción para la Audiencia Pública Ambiental: https://forms.office.com/r/N1pZQypRF8

La entrada a todos los espacios es libre. La Reunión Informativa no requiere inscripción previa, mientras que para participar activamente en la Audiencia Pública Ambiental deben inscribirse quienes deseen intervenir o presentar ponencias, opiniones o aportes durante la jornada.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de noviembre de 2025, a las 5:00 p. m., a través del formulario virtual o mediante los siguientes canales oficiales de la ANLA: 
Línea gratuita nacional: 01 8000 112 998
Teléfono: (601) 254 0100
Página web: www.anla.gov.co
Correo electrónico: licencias@anla.gov.co

También podrán realizarse de forma presencial en las sedes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y en la Personería de Chía.

Ambas jornadas contarán con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la ANLA (@ANLA_Col), con interpretación en lengua de señas colombiana, para garantizar la accesibilidad y facilitar la participación virtual de todas las comunidades.

La ciudadanía puede consultar más información sobre el proyecto y su trámite ambiental en el micrositio disponible en la página web de la ANLA o haciendo clic aquí.

Con este proceso, la ANLA reafirma su compromiso con la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información ambiental, garantizando que las comunidades puedan involucrarse activamente y aportar de manera informada a la toma de decisiones sobre los proyectos que se desarrollan en su territorio.

A la cárcel docente que habría agredido sexualmente a una estudiante en un colegio de Chía

El hombre, al parecer, sometió a la menor de edad a tocamientos abusivos dentro de una bodega de elementos deportivos del plantel educativo.

El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de control de garantías privara de la libertad en establecimiento carcelario a Jorge Enrique Luis Carlos James Erazo, un profesor que habría agredido sexualmente a una estudiante de un colegio en Chía (Cundinamarca).

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó el cargo.

Los hechos investigados ocurrieron el 4 de octubre de 2024 en un colegio ubicado zona rural del municipio, donde el procesado dictaba clases extracurriculares, posición que habría aprovechado para acercarse a la menor de edad y ganarse su confianza.

El hombre, al parecer, llevó a la niña de 9 años a la bodega donde se guardaban los elementos deportivos y realizó tocamientos de índole sexual.

James Erazo fue capturado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial, en el barrio Patio Bonito en Bogotá.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

A más de un kilómetro bajo tierra, la Sabana de Bogotá guarda valiosas reservas de agua

En la Sabana de Bogotá convergen municipios como Funza, Mosquera y Tenjo, por eso enfrenta sobreexplotación de sus acuíferos más superficiales. Fotos: Paola Atapuma, magíster en Ciencia - Geofísica de la U

 En la Sabana de Bogotá, una de las regiones más productivas del país, el agua que fluye por ríos, quebradas y pozos poco profundos empieza a escasear. Después de décadas de uso los acuíferos someros (capas subterráneas donde se acumula el agua de lluvia y que suelen encontrarse a menos de 200 m de profundidad) están llegando a su límite intensivo para riego, industria y consumo doméstico.

A esto se suma la expansión urbana, que ha ido cubriendo con concreto y construcciones las zonas donde antes el agua de lluvia se podía filtrar hacia el subsuelo para recargar los acuíferos. Al desaparecer esas áreas permeables —conocidas como zonas de recarga—, cada vez menos agua logra infiltrarse, lo que reduce la capacidad natural del territorio para reabastecer sus reservas subterráneas.

A lo anterior se añade la perforación descontrolada de pozos, muchos de ellos sin permisos ni estudios técnicos. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en la Sabana se registran cerca de 2.480 pozos, aunque se calcula que el número real podría ser mucho mayor si se incluyen los ilegales.

“Las reservas más superficiales se están agotando por el uso desmedido y la falta de control, mientras que las más profundas permanecen intactas, a la espera de ser estudiadas y administradas responsablemente”, afirma Paola Andrea Atapuma Acevedo, magíster en Ciencia - Geofísica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Precisamente en esas profundidades, el subsuelo guarda una posibilidad real para aliviar la escasez. A más de 1 km bajo tierra se extiende el Grupo Guadalupe, una formación geológica que actúa como una “esponja natural”, capaz de almacenar agua en sus capas de areniscas permeables que se recargan lentamente desde los cerros Orientales, Occidentales y donde se encuentre aflorando este grupo.

Su nombre proviene del cerro de Guadalupe, en Bogotá, en donde su composición de areniscas compactas y lutitas intercaladas conservan el agua durante siglos bajo presión natural. Esta estructura la convierte en uno de los principales reservorios profundos del altiplano cundiboyacense.

Hasta ahora solo unos pocos pozos han alcanzado esas profundidades. “En la Sabana la mayoría no supera los 200 o 300 m, y apenas uno, ubicado en Tenjo y reacondicionado por la Alcaldía, ha confirmado la presencia de agua del Grupo Guadalupe”, anota la investigadora, quien decidió estudiar el subsuelo para evaluar la existencia y el alcance de estos acuíferos profundos aún desconocidos.

Agua y energía bajo la Sabana

Parte de su trabajo consistió en analizar registros de gravimetría y sísmica tomados años atrás en la región, y complementarlos con nuevas mediciones magnetotelúricas y sondeos eléctricos verticales realizados por ella misma. Estas observaciones se concentraron en zonas donde la forma del terreno y su estructura sugerían acumulación de agua subterránea.

Durante los sondeos eléctricos verticales, la investigadora midió la respuesta del terreno al paso de corriente eléctrica para identificar posibles acuíferos.

“Los métodos geofísicos permiten ‘ver’ lo que ocurre bajo tierra sin necesidad de perforar. La gravimetría revela diferencias en la densidad del terreno, la sísmica ayuda a conocer la profundidad de las capas y las mediciones eléctricas y magnetotelúricas muestran qué tan fácil puede moverse la corriente, un indicio de la presencia de agua. En conjunto forman una imagen tridimensional del subsuelo, algo así como una radiografía del cuerpo humano donde las zonas más porosas indican la posible presencia de acuíferos”, explica la magíster.

Además, incorporó un análisis petrofísico a partir de muestras de roca extraídas con el apoyo de una empresa de flores. A cada fragmento se le midieron propiedades como la susceptibilidad magnética y la radiación gamma, parámetros que ayudan a identificar el tipo de roca y su capacidad para almacenar agua.

“Estas pruebas confirmaron la composición arenosa del Grupo Guadalupe y reforzaron la hipótesis sobre su potencial como reservorio profundo”, asegura.

También revisó información de pozos existentes y registró sus temperaturas, lo que le permitió evaluar el calor del subsuelo como fuente de energía limpia. Su idea fue analizar si estos pozos tendrían un doble uso, no solo para extraer agua sino también para aprovechar la temperatura constante del terreno mediante bombas de calor.

El análisis del modelo tridimensional permitió delimitar tres áreas con alto potencial hídrico y térmico. En el sector de Funza–Subachoque, los registros geofísicos mostraron señales de agua entre los 1.100 y 1.500 m de profundidad.

Medición de la susceptibilidad magnética en muestras de roca del pozo Flores Funza, empleadas para identificar variaciones en la composición del subsuelo y su capacidad de almacenar agua.

En el municipio de El Rosal, las capas acuíferas aparecen más cerca de la superficie, alrededor de los 600 m, lo que facilitaría su acceso.

Y en el municipio de Mosquera, en la Granja Experimental Marengo, de la UNAL, el modelo sugiere un espesor continuo del Grupo Guadalupe de más de 900 m. Esta condición la convierte en un sitio ideal para probar el doble uso del pozo: la extracción de agua y el aprovechamiento geotérmico.

Los resultados se compararon con la información de un pozo ubicado en Tenjo, perforado originalmente por la industria petrolera y reacondicionado por la Alcaldía. Las mediciones en ese punto confirmaron la presencia de agua proveniente del Grupo Guadalupe, lo que demuestra que el reservorio es real y está activo.

Reservas valiosas que se deben usar con cuidado

La investigadora advierte que el agua hallada a grandes profundidades no es igual a la que se obtiene de los pozos superficiales. Al permanecer durante siglos en contacto con las rocas, el líquido disuelve parte de los minerales del subsuelo, lo que modifica su composición química y le da una temperatura más estable. Estas características la convierten en una fuente valiosa para usos agrícolas, industriales o energéticos, ya que suele ser más limpia en términos biológicos y menos vulnerable a la contaminación externa.

Sin embargo, “antes de destinarla al consumo humano se debe someter a un tratamiento que elimine el exceso de sales y minerales acumulados en su recorrido subterráneo”, amplía.

Pozo de agua en el municipio de Funza, punto de referencia para

el estudio  de los acuíferos profundos de la Sabana de Bogotá.

El estudio también estimó que los pozos existentes en la Sabana tendrían un aprovechamiento geotérmico de baja entalpía, es decir, una forma de energía limpia basada en el calor constante del subsuelo. Si se instalaran bombas de calor en los más de 2.000 pozos registrados por la CAR, se podría cubrir la demanda energética de una ciudad del tamaño de Funza o incluso parte del consumo de una zona industrial.

“En países como España o Alemania este tipo de energía se usa para calefacción o refrigeración de edificaciones. En Colombia podríamos adaptarla a nuestras condiciones y aprovecharla en invernaderos, laboratorios o plantas agroindustriales, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles”, explica la magíster Atapuma.

El trabajo de campo implicó largas jornadas de adquisición de datos en diferentes puntos de la Sabana, con apoyo de docentes, estudiantes y empresas que facilitaron equipos y registros previos. La investigadora destaca el acompañamiento del profesor Orlando Hernández Pardo, del Departamento de Geociencias, quien dirigió la tesis y orientó la integración de los métodos geofísicos con el análisis del modelo tridimensional que permitió identificar las zonas con mayor potencial hídrico y térmico.

En Zipaquirá la expansión urbana incrementa la presión sobre ríos y quebradas

Con las modificaciones al POT en zonas suburbanas el índice de ocupación (IO) pasó del 20 al 40%. Foto: Michael Runkel / Robert Harding Rf / Robertharding vía AFP.

La investigación realizada por Juan Sebastián Fonseca, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que en Zipaquirá las modificaciones al POT en las áreas de transición entre lo urbano y lo rural (zonas suburbanas) duplicaron los índices de ocupación —del 20 al 40 %— entre las versiones de 2000 y 2003, lo que permitió urbanizar áreas concebidas originalmente para regular la expansión hacia suelos agrícolas y ecosistemas sensibles.

El estudio reconstruyó hasta el 2000 la historia hídrico-urbana de Zipaquirá y de la Sabana de Bogotá —conformada por 27 municipios—, analizando los cambios en el uso del suelo y su relación con las fuentes de agua.

“Encontramos que la urbanización temprana del municipio siguió lógicas territoriales heredadas de los periodos muisca y premuisca, y que durante la colonia se consolidó una división espacial entre el ‘pueblo de blancos’ y el ‘pueblo de indios’, una forma temprana de segregación socioespacial. Esa separación histórica sigue presente hoy en la manera en que se han transformado los suelos agrícolas en áreas residenciales, muchas de ellas ubicadas sobre rondas de ríos y quebradas”, afirma el magíster.

Al superponer las cartografías del POT se evidenció que la ciudad continúa las dinámicas de segregación socioespacial sobre suelos agrícolas y rondas hídricas. Foto: SOS Amoladero.

En ese contexto, el crecimiento urbano reciente se ha concentrado en el noroccidente del municipio, en donde se desarrollaron proyectos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP). Como consecuencia, zonas cercanas a las quebradas El Molino y El Amoladero han perdido franjas verdes y suelos productivos, que han sido reemplazados por urbanizaciones cerradas y proyectos de alta densidad, con edificaciones de hasta 12 pisos que ejercen presión directa sobre estos cuerpos de agua.

El investigador también revisó los POT de 2000, 2003 y 2013, comparando sus disposiciones con la expansión real de la ciudad mediante cartografía y análisis normativo. Este ejercicio le permitió evidenciar cómo las modificaciones sucesivas facilitaron el avance urbano sobre zonas originalmente destinadas a contención, y cómo en la franja de expansión se concentraron conflictos entre dinámicas urbanas y sistemas hídricos, documentados a partir de las percepciones de actores sociales y comunitarios.

“Al superponer las cartografías de los diferentes POTs evidenció que la ciudad ha mantenido las mismas dinámicas de segregación socioespacial sobre suelos agrícolas y rondas hídricas, generando nuevas conflictividades sin darles manejo. Esa lectura permitió ver que el instrumento no solo quedó desactualizado, sino que además no ha logrado concretar un modelo de ciudad armonioso con el agua, ni en el papel ni en la práctica”, señala el magíster Fonseca.

La coexistencia de un alcantarillado mixto, donde confluyen aguas residuales y pluviales, incrementa la carga contaminante. Foto: archivo Unimedios.


El agua sin “voz” en la planeación

La ausencia de una visión integral del agua en el POT se refleja directamente en el sistema de acueducto de Zipaquirá. El municipio se abastece de una planta de tratamiento regional que comparte con Nemocón y Cogua, a través de redes de distribución instaladas hace décadas. Más del 30 % del agua tratada se pierde por fugas, superando los límites legales permitidos, y una gran parte de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado —formulado en 2011— sigue sin ejecutarse, a pesar de haber superado su horizonte de planeación.

A esta situación se suma una distribución desigual del recurso: mientras los barrios tradicionales enfrentan cortes frecuentes, los nuevos conjuntos residenciales son priorizados, lo que refleja que la expansión urbana ha avanzado sin considerar la capacidad hídrica real del territorio.

Este escenario convierte el manejo del agua en un problema integral, en el que, además de las dimensiones ambientales y sociales mencionadas, se cruzan las culturales, pues la transformación de suelos agrícolas ha erosionado la identidad campesina y debilitado el vínculo histórico de la población con el agua como sustento de vida.

Una torre de Babel institucional

El caso de Zipaquirá es representativo de lo que ocurre en varios municipios pequeños de la Sabana de Bogotá que enfrentan limitaciones técnicas e institucionales para actualizar y ejecutar sus instrumentos de ordenamiento. Su POT, expedido en el 2000, tuvo modificaciones excepcionales en 2003 y 2013, pero debió ser objeto de una revisión estructural en 2012, lo que no ocurrió. Como resultado, hoy opera desactualizado y sin incorporar integralmente resoluciones ambientales recientes de entidades como la CAR o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni fallos judiciales como la sentencia que ordena el saneamiento del río Bogotá.

La expansión ha afectado zonas cercanas a la quebrada El Molino y El Amoladero. Foto: SOS Amoladero.

Este rezago ha creado un campo normativo ambiguo, en el que las administraciones locales pueden otorgar licencias con base en el POT, en circulares internas o en otras normatividades que no están articuladas coherentemente entre sí. Las tensiones con el nivel nacional —ambiental, agrario y cultural, dado que el centro histórico es patrimonio nacional— se superponen sin una jerarquía clara, generando vacíos y conflictos regulatorios.

“Esto ha derivado en una verdadera torre de Babel institucional que dificulta la gestión sostenible y abre espacios a prácticas discrecionales, por ejemplo en el licenciamiento”, advierte el investigador.

A este problema institucional se suma la precariedad de la infraestructura sanitaria. Zipaquirá no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) plenamente funcional, el sistema actual, basado en una laguna de oxidación diseñada en el POT del 2000, rebosa en temporada de lluvias y descarga directamente al río Bogotá.

“La coexistencia de un alcantarillado mixto, donde confluyen aguas residuales y pluviales, incrementa la carga contaminante y limita la capacidad de respuesta frente al crecimiento poblacional”, indica el magíster.

Por otra parte, la presión sobre el recurso hídrico trasciende las fronteras municipales. Zipaquirá depende en parte de la cuenca del río Neusa, compartida con otros municipios de la Sabana, lo que evidencia la falta de articulación regional en la planeación.

Ciudadanía y territorios sensibles al agua

La investigación del magíster Fonseca también identificó procesos comunitarios que han surgido como respuesta a las deficiencias institucionales. En la quebrada El Amoladero, por ejemplo, habitantes de la zona se han organizado para defender la ronda hídrica y proponer alternativas locales de manejo, articulando prácticas cotidianas con una visión territorial del agua.

En Zipaquirá la expansión urbana ha llevado a un aumento de la presión sobre rondas

de ríos y quebradas, y pérdidas en el sistema de acueducto. Foto: SOS Amoladero.

Tales hallazgos evidencian que la planeación urbana, particularmente en Zipaquirá, enfrenta una debilidad estructural en el desconocimiento del agua como eje central del territorio. Así mismo, sin la actualización de los POT y su articulación con normas ambientales y resoluciones judiciales, los municipios seguirán expuestos a crisis de abastecimiento, deterioro de ecosistemas y conflictividades sociales ligadas a su dimensión hídrica en su expansión.

Así, la investigación concluye que el agua no solo es un recurso sino un actor territorial que configura la forma en que se habita el territorio, que cumple un rol desde lo ambiental, cultural, político y simbólico, y que opera en diferentes escalas, de lo local a municipal y regional.

Así avanzan las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en la Sabana Centro de Cundinamarca

​Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos buscan mitigar las presiones
que enfrentan estos suelos con vocación agropecuaria.
Autoridades de las alcaldías de Cogua y Zipaquirá en la Sabana Centro de Cundinamarca, participaron esta semana de la socialización por parte del equipo técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), sobre los detalles del proceso de constitución las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que incluyó información de suelos, cartografía y demás insumos para proyectar la delimitación.

Luz Fanny Lizarazo, profesional especializada de la UPRA, calificó las jornadas de socialización como productivas. Allí el equipo técnico de la UPRA explica qué son las APPA, los objetivos, beneficios y alcances de estas áreas que le apuestan a proteger el suelo rural y garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada.

“Participamos con funcionarios de la Secretaría de Planeación de Cogua, analizamos el modelo de ocupación que tiene propuesto este municipio y cómo este se puede integrar con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos”, destacó Lizarazo.

El equipo participó en un encuentro con el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, junto a sus secretarios de Planeación, Agricultura y asesores de despacho.

“En este espacio llevamos a la mesa una propuesta preliminar de la posible APPA para el municipio, recibimos una retroalimentación para generar un nuevo insumo que nos permita seguir avanzando para llegar a la declaratoria de APPA en Zipaquirá”, dijo la funcionaria.

Las socializaciones en los territorios por parte del equipo técnico de la UPRA trazan una hoja de ruta que permite ingresar a los territorios de forma armónica bajo la concertación entre entidades y población y poder dar a conocer los avances que permitan avanzar en la delimitación de las APPA en la zona de Sabana Centro.

Sobre los procesos de constitución de las APPA en la Sabana, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó que el Gobierno está protegiendo los mejores suelos para la actividad agrícola.
“Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es proteger los suelos más aptos para la actividad agropecuaria, los suelos con mejor capacidad agrológica, esos suelos donde usted lo que siembre va a tener una posibilidad muy alta de producir eficientemente, de tener un buen rendimiento, son los que tenemos que garantizar para la producción de alimentos”, manifestó.

¿Qué son las APPA?

Las APPA son áreas rurales ubicadas dentro de la frontera agrícola que reúnen condiciones propicias para producir alimentos. Dado su carácter prioritario para el Estado, es fundamental protegerlas.

Los objetivos de estas áreas son promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario y de los recursos hídricos; proteger los suelos para producir alimentos y evitar su pérdida; asegurar la disponibilidad permanente de alimentos adecuados, nutritivos y culturalmente aceptados, e impulsar el desarrollo rural para la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada.

Recientemente el ministerio de Agricultura declaró 1.951 hectáreas en Sopó como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, una estrategia que protege la tierra fértil del país y asegura la comida de hoy y del futuro.

Fiscalía y Gaula Militar encontraron a dos adultos mayores secuestrados hace más de 2 meses en Zipaquirá

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Cundinamarca, en coordinación con el Gaula Militar Cundinamarca, GMTEQ No. 13 y la Fuerza Aérea Colombiana, encontraron a una pareja de adultos mayores que permanecían secuestrados, desde el pasado 28 de mayo, en zona rural de Zipaquirá (Cundinamarca).

Una denuncia permitió establecer que cuatro hombres armados habrían retenido a los esposos de 65 y 60 años cuando llegaban a su vivienda y luego, los llevaron a una región boscosa del Páramo de Guerrero, donde permanecieron 81 días en cautiverio. Los captores exigían una millonaria cifra de dinero por su liberación.

Se logró establecer que ante la presencia del Ejército Nacional en la zona, la madrugada del 17 de agosto, los secuestradores huyeron del lugar y dejaron en libertad a los adultos mayores. Horas más tarde, una comisión del CTI y del Gaula Militar se desplazó hasta la zona y encontró a las víctimas en un cambuche, atadas de pies y manos.

Por estos hechos, la Fiscalía adelanta actividades investigativas que permitan judicializar a los responsables del doble secuestro.

Gobierno invierte más de $7 mil millones en el colegio donde estudió el Nobel Gabriel García Márquez

Ya se iniciaron las obras en l​a Institución Educativa Municipal San Juan Bautista
de La Salle, de Zipaquirá, que se proyecta convertirse en colegio-universidad
para el beneficio de las y los estudiantes de Cundinamarca.
Gracias a una inversión del Gobierno nacional que supera los $7 mil millones, la Institución Educativa Municipal San Juan Bautista de La Salle, en Zipaquirá (Cundinamarca), y conocida por haber sido el colegio del Nobel Gabriel García Márquez y del presidente Gustavo Petro, inicia una transformación sin precedentes que le permitirá convertirse en colegio-universidad para beneficio de las y los estudiantes de esta zona del departamento.

De hecho, el presidente Petro, en su cuenta de X, destacó que “este colegio público dio varios presidentes y el premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Decidimos volver el colegio San Juan Bautista de la Salle en Zipaquirá, un colegio/universidad y será nodo en el conocimiento de inteligencia artificial".

La obra, ejecutada por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación Nacional, contempla una intervención integral en espacios fundamentales como los bloques académicos, laboratorios, coliseo, comedor, cocina, baños, redes eléctricas e hidrosanitarias y zonas exteriores. Con ello, se busca garantizar condiciones dignas, seguras y modernas para los más de 2.000 estudiantes que actualmente hacen parte de esta comunidad educativa.

Además de la renovación física, el proyecto incluye una ambiciosa apuesta académica: la transición hacia el modelo colegio-universidad, que articulará la educación media con la formación profesional. Este enfoque permitirá que los jóvenes accedan desde el colegio a programas de educación superior, ampliando sus oportunidades y conectando los saberes escolares con las demandas del mundo contemporáneo.

La intervención, esperada por generaciones, responde a una deuda histórica con una institución que durante más de 50 años ha sido semillero de líderes, ciudadanos y educadores. Muchas de sus aulas no habían sido intervenidas estructuralmente en décadas, y esta renovación representa no solo una mejora en infraestructura, sino un acto de justicia con una comunidad que ha sostenido, a pulso, el compromiso con la educación pública.

El contrato de obra fue adjudicado al Consorcio El Rosario por un valor de $6.436.540.125, con un plazo de ejecución de seis meses que inició el 5 de junio de 2025 y culminará el 4 de diciembre de este mismo año. La interventoría, a cargo de Moralba Sánchez Ordoñez, tiene un valor adicional de $647.779.057. Durante los primeros días de obra ya se han ejecutado demoliciones, retiro de cubiertas, exploración de suelos y ajustes de diseño para aulas y laboratorios, todo bajo normas de seguridad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

Con esta intervención, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con cerrar brechas, fortalecer instituciones emblemáticas y garantizar el derecho a una educación pública de calidad.

Cierran matadero clandestino en Zipaquirá

 En operativo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Policía de Carabineros Nacional fueron suspendidas las actividades de sacrificio de ganado en un matadero clandestino de la vereda San Jorge, en el municipio de Zipaquirá.

Tras varias denuncias de la comunidad por la presencia de olores ofensivos, roedores e insectos en la zona, las autoridades procedieron a realizar la respectiva visita, con el apoyo de la Secretaría de Salud del municipio, en la cual se pudo constatar que el lugar no contaba con los permisos ni las condiciones sanitarias exigidas para este tipo de prácticas, por lo que se incautaron cerca de 800 kg de productos cárnicos sin cadena de frío ni refrigeración, lo que representa además un riesgo para la salud humana.

“En la diligencia pudimos observar que, además de no atender los protocolos de higiene exigidos por las autoridades de salud, se venían realizando descargas de aguas residuales no domésticas a una fuente hídrica próxima al lugar, afectando así los recursos naturales y el entorno”, subrayó Yuri Ramírez, directora de la oficina regional Sabana Centro de la CAR.

La Policía por su parte, impuso dos comparendos a los propietarios en aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia, por el sacrificio de animales para consumo humano en sitios no permitidos así como por maltrato animal.

La autoridad ambiental dará inicio a las actuaciones administrativas correspondientes, como quiera que actividades como esta comprometen la calidad del ambiente y generan graves afectaciones a los recursos agua, suelo y aire.

Presidente Petro convoca a las 60 mil Juntas de Acción Comunal del país a contratar con el Gobierno para impulsar energías limpias y conectividad

En la concha acústica de la institución educativa San Juan Bautista de La Salle,
en Zipaquirá, el presidente Gustavo Petro realizó la entrega nacional del Banco
de Proyectos 2023
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 “La acción comunal es bien recibida en este gobierno”, afirmó el presidente Gustavo Petro al convocar a las 60 mil Juntas de Acción Comunal (JAC) inscritas a contratar con el Gobierno Nacional la construcción de redes de energía eléctrica, limpia y más barata, al igual que los proyectos de internet y fibra óptica que lleven conectividad a los hogares de los barrios y los campos de Colombia.

Desde el municipio cundinamarqués de Zipaquirá, durante la primera entrega del banco de proyectos 2023, el mandatario precisó: “Esa es una invitación que les hago. Hay 60 mil acciones comunales en Colombia, de acuerdo con los registros. Si 60 mil acciones comunales deciden, cada una, poner una pequeña granja solar en su barrio, en su aldea, al servicio de la comunidad”, las tarifas de energía eléctrica serán más baratas para la población.

“Que la tecnología de la energía limpia se vuelva un aliado del bolsillo de la población y de la organización popular, porque entonces no será la gran generadora, sino será la junta de energía del barrio la que tendrá la palabra, la decisión y la capacidad de administrar una energía limpia que, además, va a ayudar a salvar la vida de la humanidad”, sostuvo.

Recalcó que, de esa manera, no serán cinco generadores de energía eléctrica en todo el país coaligados para subir el servicio público, sino que serán quizás millones de generadoras de energía eléctrica las que decidirán, lo que “servirá no solamente para no ensuciar la atmósfera”, sino para producir en casa la energía limpia y a mejor precio para los hogares.

El Jefe de Estado reiteró que no se debe entorpecer que “la gente se pueda dar su propia solución de energía eléctrica, barata y limpia”, sino, todo lo contrario, abrir las puertas para que “las Juntas de Acción Comunal pueden ayudarnos a organizar las comunidades energéticas en las veredas, en los barrios, en las empresas”.

“Si se ponen paneles solares, si este techo fuera de paneles solares, la energía eléctrica se vuelve casi gratuita, se abarata”, subrayó al solicitar al Ministerio de Minas y Energía que “no se debe exigir ningún permiso para poner granjas solares, techos solares o paneles solares donde se genere diez megavatios de energía”.

Conectividad

El presidente Petro extendió su convocatoria a los proyectos para construir redes de internet y fibra óptica, renglón en el cual es fundamental la participación de las organizaciones del pueblo.

“Yo les pido a las Juntas de Acción Comunal, a las 60 mil que están inscritas, que convoquemos a la juventud del barrio y planifiquemos un contrato con el Gobierno, con el Ministerio de las TIC, para tender en el barrio la fibra óptica para que el internet pueda llegar a cada casa”, explicó.

De acuerdo con el mandatario, “el jovencito y la jovencita del barrio pueden ayudar a construir la red de conectividad y de fibra óptica del barrio”, para poner al alcance de toda la población los temas de las grandes discusiones, de las nuevas realidades, del conocimiento y de los debates que hoy se dan en el mundo.

“Lo llamamos conectar el pueblo pobre con la universidad del mundo”, sostuvo.

Y puntualizó: “Otra contratación entonces se abre aquí, porque entre comunidades de conectividad y comunidades de energía, energía y conectividad, eso se llama producción. Mi riqueza es entregar riqueza al hogar pobre. Es una manera de construir igualdad social y ahí es donde queremos la organización popular nueva, fuerte, con recursos del gobierno, con el gobierno al lado, de frente, en las tecnologías y en las nuevas realidades del mundo".

Tenemos que cambiar la historia

Advirtió que algunos “le tienen miedo a que la gente piense, a que la gente se organice, a que la gente no sea engañada, a que la gente no mire como los caballos, a los que les ponen las orejeras para que no miren al costado, sino que miren a donde ellos quieren llegar, para transformar ellos al pueblo en un rebaño”.

“Los pueblos que se vuelven rebaños solo van a los mataderos y al pueblo colombiano desde hace algunos años lo están llevando al matadero y nosotros tenemos que cambiar la historia, quitar los anteojos que ocultan la realidad, poner al pueblo en contacto con las verdades, así nos duelan”, afirmó.

En este sentido, el presidente Petro destacó que el Gobierno del Cambio está dando prioridad a la contratación con las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones populares, pero se requiere hacerlo con mayor profundidad.

“Hasta el momento, 120 mil millones de pesos, y aún es poco, se han contratado hasta con la acción comunal”, dijo.

Asimismo, agregó que “abrimos el camino de nuevo para que el pueblo organizado pueda ser contratista, de los recursos del Estado Nacional. ¿Por qué no, si la Constitución lo ordena? Es así como creamos democracia. Es así como la riqueza del país puede ir, regarse y llegar al rincón más pobre de Colombia para sacarlo de la pobreza”.

En la concha acústica de la institución educativa San Juan Bautista de La Salle, en el municipio de Zipaquirá, el presidente Petro realizó la entrega nacional del Banco de Proyectos 2023, resultado de un proceso de selección de más de 6.800 iniciativas que se presentaron en todo el país, de las cuales 668 serán las beneficiadas, con una inversión de 55 mil millones de pesos, distribuida en 29 departamentos y 270 municipios.

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA ADOLESCENTES ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN ZIPAQUIRÁ


Joaquín Guzmán-Asesor Prensa Alcaldía Municipal de Zipaquirá.- Con la presencia de las principales autoridades de la Sabana Norte, que integran del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, inicia operaciones oficialmente el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (CESPA), en Zipaquirá. La unión de 11 Alcaldías, entre ellas; San Cayetano, Cogua, Cajicá, Tocancipá y Gachancipá, hace posible que el CESPA inicie labores.

Para el Alcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, se logrará tener mayor control sobre las actividades de los jóvenes de la zona y ayudará a que los índices de inseguridad sigan disminuyendo como se ha notado en el primer semestre del 2018.
En este Centro, ubicado en el sector La Paz de Zipaquirá, en el cual se invirtieron más de 240 millones de pesos, se implementarán herramientas que fortalezcan y agilicen los procesos judiciales. Para garantizar los derechos de adolescentes en conflicto con la ley penal el CESPA reúne en un sólo lugar las diferentes entidades de la rama judicial que ejecutan las respectivas acciones y procesos legales en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Un proyecto de minería hecha debe tener un cierre bien hecho

Agencia Nacional de Minería - ANM – Durante el cierre de la Mina Gravillera Albania ubicada en zona rural del municipio de Tabio, Cundinamarca, la Presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza, aseguró que este proyecto de explotación de gravas desde su inicio hasta su cierre contó con los estándares de calidad basada en las buenas prácticas mineras.

“Un proyecto de minería bien hecha debe tener un cierre bien hecho, y un ejemplo claro es este proyecto donde la minería y la agroindustria dialogaron y trabajaron de la mano para crecer. Esto se ve reflejado en la evolución y recuperación de las áreas intervenidas que volvieron a su vocación inicial del desarrollo rural ”, sostuvo Habib Daza.
La mina Gravillera Albania, inició sus labores en la vereda Río Frío de Tabio en 1990 con un título minero de 447 hectáreas, el cual en un 90% ha sido recuperado con una inversión superior a los 9 mil millones de pesos para adelantar acciones de tipo ambiental como la construcción de un reservorio de 20 hectáreas, dos millones de metros cúbicos de agua.

“Este proyecto de cierre es un ejemplo de Minería Bien Hecha. Se han invertido 7 mil millones pesos en proyectos de Gestión Social que benefician a la comunidad de Tabio. Ahora en este lugar se realizan actividades agrícolas como la producción de 15 mil litros de leche al día. Estas acciones demuestran que la minería no es excluyente con las demás actividades económicas en el territorio. Hacer una actividad responsable va desde la explotación, hasta el cierre del proyecto”, puntualizó la Presidenta de la ANM.
Fuente: Agencia Nacional de Minería - ANM

En Zipaquirá: CAYÓ LA ESTRUCTURA DELINCUENCIAL “LA ROCA” DEDICADOS AL EXPENDIO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

En el marco de la ofensiva contra el delito ordenada por la Alcaldía de Zipaquirá, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía de Cundinamarca en articulación con la Fiscalía General de la Nación se desplegó una ofensiva contra el tráfico y expendio de estupefacientes en el Municipio lo que permitió la captura de 17 personas y la desarticulación del grupo criminal denominado “La Roca”.

 Mediante un trabajo minucioso de inteligencia e investigación, se logró identificar la línea criminal de este grupo delincuencial y establecer a alias “John Bogotá” y “David Bogotá” como líderes de la banda quienes residían en un municipio del Tolima. Ellos eran los encargados de viajar a la capital del país, comercializar la sustancia y trasportarla al municipio de Zipaquirá en vehículos de transporte público, bajo la fachada de paseo en familia. Una vez en el municipio la sustancia, era rendida con otros químicos y distribuida a expendedores en diferentes puntos como parques, lugares turísticos e inmediaciones de colegios y zonas de discotecas” afirmó el Secretario de Seguridad de Zipaquirá, Coronel (R) Luis Felipe Valencia Hurtado.

Recopilado suficiente material probatorio y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizaron 12 diligencias de allanamiento simultáneos en Zipaquirá, en la capital del país y el municipio de Falan en el departamento de Tolima. Se realizaron 15 capturas por orden judicial y 2 en flagrancia a quienes se le halló en su poder 200 dosis de estupefacientes 15 celulares, 1 vehículo y 10 motocicletas con la cual trasportaban los estupefacientes.

Durante los (seis) 6 meses de investigación se logró establecer que vendían un aproximado de 900 dosis de estupefacientes entre el denominado “perico, marihuana, bazuco obteniendo una venta diaria de $2.900.000 y al mes de $87.000.000 de pesos.

En el último año llevamos siete bandas ya desarticuladas y esta es la más peligrosa y de mayor estructura, por eso fue un poco más demorado el poder recopilar los datos de sus miembros. Una estructura con tentáculos regionales. El golpe es de alto impacto y nos llena de optimismo en que vamos por el mejor camino para derrotar la delincuencia y la inseguridad”, confirmó el Alcalde Luis Alfonso Rodríguez Valbuena.

Contralor de Cundinamarca respalda consulta popular en el municipio de Cogua, frente a expansión minera

Al radicar la coadyuvancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo reafirmó en esta segunda ocasión que se declare la constitucionalidad de la consulta ante la posible afectación que en materia ambiental se presenta con la intención de ampliar las zonas de explotación minera.
                               “Esta consulta está expresamente prevista en el ordenamiento jurídico, es acorde con las competencias de los municipios y hasta el momento es el único mecanismo previsto en la ley, a través del cual se puede participar en la decisión sobre SI se ejerce o NO la actividad minera en sus territorios”, precisa en el documento radicado.
Advierte el contralor departamental que al estar legitimado respalda esta iniciativa en representación de los intereses y derechos colectivos del departamento y en el caso particular de Cogua, de la región y de la ciudadanía en general para que se garantice el goce de un ambiente sano y la protección al medio ambiente.

El 2018 será el año de la construcción de escenarios culturales en Chía

El alcalde Leonardo Donoso hizo el anuncio que le dará un impulso sin antecedentes al desarrollo de las artes y las humanidades en Chía: gracias a la Ley de Espectáculos Públicos, la Ciudad de la Luna pudo recaudar una cifra cercana a los 5 mil millones de pesos que irán a mejorar, adecuar, dotar e incluso adquirir escenarios culturales en Chía.


El anuncio sorprendió a los profesores de la Casa de la Cultura, quienes escuchaban las metas principales para el próximo año y los retos que deben asumir con la llegada de estos escenarios. El Alcalde exhortó a los maestros a usar esta nueva infraestructura para la llegada de nuevos estudiantes y jóvenes a los programas de cultura.

En el listado están temas como la recuperación arquitectónica de la Casa Villa Lucrecia, un patrimonio cultural de Chía. Así mismo, se reconstruirá y habilitará un espacio de debate cultural de la Casona Santa Rita, adquirida en el gobierno anterior y que, según palabras del Alcalde, se recuperará con una inversión cercana a los mil millones de pesos.

Capturas en Gachancipá por estupefacientes y porte de armas de fuego

LCV.- Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No 10 Tequendama adscrita a la Décima Tercera Brigada en el municipio de Gachancipá dieron captura a dos personas en trabajo coordinado con Sijin de Zipaquirá. 

Durante un allanamiento a un local comercial en Gachancipá, se captura a un hombre y a una mujer de 27 y 48 años respectivamente, a estas personas les fue encontrado en el lugar un aproximado de 1.500 gramos de marihuana, 700 papeletas de bazuco, una escopeta, 10 cartuchos, 1 pistola calibre 6.35mm, 1 proveedor para esta misma, un cartucho calibre 6.35mm.

Los capturados fueron judicializados según los artículos 376 y 365 por los delitos de tráfico o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición, y puestos a disposición de la Uri seccional de Zipaquirá.


Tropas de la Unidad Táctica continúan realizando constantes operaciones para combatir este flagelo en los municipios y sus alrededores con el fin de mantener el orden en el Departamento. 

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