CAR impone medida a establecimiento comercial en Guaduas, Cundinamarca por afectar el río San Francisco
CAR impuso medida preventiva a cultivador de papa que invadió zona de páramo en Subachoque
Cierran matadero clandestino en Zipaquirá
Congresista Alexandra Vásquez alertó que el proceso está viciado y demanda unión de Soacha a la Región Metropolitana
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Alexandra Vásquez, representante por Cundinamarca, presentó una acción de nulidad contra el acuerdo municipal aprobado hace algunas semanas por el Concejo de Soacha. |
He solicitado que se suspenda temporalmente el acuerdo porque viola normas y afecta nuestro interés público. También presenté una queja disciplinaria contra los concejales que aprobaron hacer el cabildo en sesiones extraordinarias. 😤 pic.twitter.com/dULFc0BuwU
— Alexandra Vásquez (@alexandravasoch) May 21, 2024
La CAR suspende actividades en una mina de la vereda El Tablón en Cucunubá
Hallazgo fiscal por más de 1.700 millones de pesos a la administración de Cáqueza.
Procuraduría inició investigación disciplinaria contra concejales de Girardot, Cundinamarca, por presunta extralimitación de funciones
Hacinamiento en establecimientos penitenciarios
Frente a la preocupante situación de hacinamiento carcelario que aún persiste y evidenciada en recientes visitas de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo Regional-Cundinamarca a las unidades de policía en donde se recluyen de manera transitoria a las personas privadas de la libertad condenadas y sindicadas, la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Ministerio del Interior a debatir la necesidad de construir nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios en el territorio cundinamarqués que permitan salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad.
Para la CRMBC, es urgente trabajar en este frente, ya que el hacinamiento persistente en los centros de reclusión administrados por el INPEC en el Departamento, ha imposibilitado el traslado de esta población, ya que como lo informó la directora del INPEC para la Región Central, Imelda López, en sesión de junio de 2020 de la CRMBC, desde la dirección del nacional del INPEC, se estableció que no se firmarían con las entidades territoriales nuevos convenios para recibir más personas privadas de la libertad al interior de los EPC en el departamento de Cundinamarca, puesto que estos centros de reclusión no cuentan con cupos que permitan la garantía de derechos y bienestar de las personas privadas de la libertad.
La no solución de esta problemática, de acuerdo con los miembros de la CRMBC, pone en alto riesgo la población carcelaria, que como ya sucedió en la Estación de Policía de San Mateo, Soacha, Cundinamarca, fueron hechos intrínsecamente ligados al hacinamiento que existe en las diversas unidades policiales del departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá D.C. De la misma forma, el contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo, se unió al llamado hecho por la Defensoría del Pueblo a las autoridades municipales en donde se les requirió la adopción de medidas para proteger la vida, la salud y la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad en detención preventiva, localizadas en sus centros de reclusión o en aquellos con los que tuvieran convenios para tal efecto.
A demás de este tema, durante la sesión ordinaria del mes de diciembre, la Comisión presentó el avance del plan de acción 2020-2021, en donde se destacaron actividades como el seguimiento a: reubicación de habitantes del barrio El Tao en Pacho; inclusión de políticas de lucha contra la corrupción en los planes de desarrollo territoriales; situación de los rellenos sanitarios, cumplimiento de la ley 843 de 2017; vigilancia de la contratación en la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-15, entre otros temas.
Contraloría de Cundinamarca identificó obras inconclusas por más de $97.129 millones de pesos en el Departamento
Durante la sesión se explicó que por sectores, los de mayores obras inconclusas son: agua potable y saneamiento básico, con 17 obras que suman $42.956 millones de pesos; educación, con 15 obras por un monto de $15.573 millones de pesos, y deportes y recreación, con 7 obras por $9.146 millones de pesos.
Al analizar por provincia, se determinó que las de Sabana Occidente, Bajo Magdalena, Tequendama y Sumapaz presentan las más altas cifras, $40.464 millones de pesos, $14.110 millones de pesos, $9.554 millones de pesos, y $7.110 millones de pesos, respectivamente. En el mismo informe se destaca como causas de estas obras inacabadas la falta de recursos, el incumplimiento del contratista, las obras son ejecutadas por etapas y las deficiencias en estudios y diseños de los proyectos.
Este informe, expresa el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, es el resultado de la continuación de una labor asumida por la Entidad que requirió a las administraciones locales informes sobre el estado de las obras en sus territorios para así, generar una base de datos que permita un seguimiento efectivo a esta contratación, anticipándose a lo que hoy establece Ley 2020 del 17 de julio del 2020, por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales.
Frente a esta situación, el contralor Sierra Cardozo reiteró su llamado a las administraciones locales para que tomen las medidas necesarias que permitan la culminación y puesta al servicio de la comunidad y requirió a los alcaldes y jefes de planeación a proyectar sus obras de infraestructura, de tal forma que las mismas no queden truncadas y se conviertan en elefantes blancos, que afectan los recursos públicos de las entidades locales y en especial el bienestar de la comunidad.
Obras inconclusas por más de $9.554 millones de pesos en la provincia del Tequendama identificó la Contraloría de Cundinamarca.
Durante el desarrollo de la audiencia pública de control social para la provincia del Tequendama, realizada el pasado 27 de octubre, el ente de control dio a conocer que, de acuerdo con los reportes recibidos en la Contraloría Departamental, con corte agosto de 2020, esta región de Departamento presenta 5 obras inconclusas por un valor que supera los $9.554 millones de pesos.
Dentro de las obras inacabadas, se encuentran el alcantarillado pluvial y la ampliación del alcantarillado sanitario en la inspección San Antonio del municipio de Anapoima; la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del casco urbano en el municipio de Apulo; la segunda etapa del polideportivo central del municipio de Cachipay; las obras de infraestructura educativa y su dotación en el municipio de La Mesa; y por último, el centro de acopio agroindustrial la Montanara en la inspección de la Gran Vía en Tena.
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Apulo |
Por otra parte, al abordar el tema de la gestión fiscal ambiental, la Contraloría de Cundinamarca informó que Apulo, Quipile y El Colegio no dieron cumplimiento al mandato legal de invertir un porcentaje no menor a 1% del total de ingresos corrientes de sus municipios para la promoción de la conservación y recuperación de los recursos hídricos que surte de agua a sus acueductos.
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El Colegio |
En cuanto al manejo de residuos sólidos, la Contraloría de Cundinamarca resalta la importante cobertura que reportan los 10 municipios en lo relacionado con la recolección y disposición final de los residuos sólidos, situación en la cual se presenta el 100% de cobertura en el área urbana; pero, a su vez, la entidad de control alerta sobre la baja cobertura en la zona rural, donde se observan alcances que, en su mayoría, no superan el 40%.
Al presentar el balance de auditorías realizadas durante el último cuatrienio, la Contraloría de Cundinamarca evidenció, en los municipios y empresas de servicios públicos de la región, 49 hallazgos fiscales por un posible detrimento patrimonial del orden de los $6.221 millones de pesos, donde los municipios de Cachipay, La Mesa y Apulo, registran el mayor número de hallazgos con 13, 11 y 9 cada uno respectivamente.
En el área de Empresas Sociales del Estado, durante las vigencias de 2016 a 2019, se evidenciaron 6 hallazgos fiscales, por un monto $1.999 millones de pesos, dentro de los cuales se destacan: primero, la construcción del servicio de urgencias de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa en la cual, en el momento de la auditoría, se pudo observar que la infraestructura no se encuentra en servicio; y, segundo, las acciones fraudulentas a través de medios electrónicos en la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio.
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Quipile |
El contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, expresó su satisfacción por la acogida que tienen estas jornadas de control social y, en especial por la participación de las comunidades de los municipios de Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá, quienes participaron activamente durante la audiencia, y donde tuvieron la oportunidad de conocer la gestión fiscal que ejerce la Contraloría en su región.
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Tena |
Estas audiencias públicas, que se realizan periódicamente con cada una de las provincias del departamento, tienen como objetivo el propiciar espacios de diálogo con las comunidades, aliadas fundamentales para alcanzar un ejercicio del control social que consolide una sociedad protagonista en la lucha anticorrupción, puntualizó el contralor Sierra Cardozo al hacer el balance de la jornada.
Para la provincia de Ubaté, próxima audiencia pública de control social.
Continuando con el recorrido virtual por las regiones de Cundinamarca, el próximo martes 29 de septiembre, la Contraloría de Cundinamarca cumplirá con su tercera audiencia virtual de control social.
Contraloría de Cundinamarca.- Las comunidades de los municipios de Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté, tendrán la oportunidad de conocer la situación de sus administraciones en cuanto a los resultados de los procesos auditores realizados a los sujetos de control de esta provincia, el estado de los planes de mejoramiento suscritos por las entidades auditadas, la situación de obras inconclusas, así como los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Entidad.La sesión virtual, que será transmitida a partir de las 9:30 de la mañana por facebook-live (@ContralCundinam), expresa el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, “también tendrá un espacio de participación e interacción, en el cual los ciudadanos, a través preguntas allegadas a la entidad y por medio del chat de la transmisión podrán exponer sus inquietudes sobre el control fiscal que desarrolla la entidad en esta provincia; así como la problemática relacionada con salud, obras públicas, educación, recreación, entre otros temas y, en especial, la contratación originada en la atención de la pandemia ocasionada por el COVID 19 en sus territorios”, puntualizó.
De esta forma, la Contraloría de Cundinamarca no detiene su trabajo de diálogo continuo con la ciudadanía, con herramientas de virtualidad, fundamentales en este momento de crisis sanitaria, garantizando la participación de los ciudadanos en la vigilancia de los recursos públicos y en el efectivo cumplimiento del control social, sin exponer a las comunidades a riesgos de contagio; situación que asegura un control fiscal generador de valor y sostenibilidad para Cundinamarca.
Hallazgos fiscales por más de $1.262 millones de pesos en la provincia del Rionegro, reportó Contraloría de Cundinamarca.
Dentro de las causas de estos hallazgos, el ente de control determinó, como principales, la falta de seguimiento y vigilancia en la ejecución contractual, en especial de obra pública; deficiente manejo de los recursos girados por concepto de anticipos, mala planeación en los estudios previos, gestión fiscal antieconómica e irregularidades en pagos, entre otros.
Así mismo, la Contraloría de Cundinamarca destacó que frente al control ejercido a las Empresas Sociales del Estado de la región, éstas no presentaron hallazgos fiscales.
En cuanto a obras inconclusas, se pudieron detectar 6, así: en La Palma, ejecución de proyectos de dinamizadores; en Yacopí, el suministro de dos aulas prefabricadas con destino a reubicación para las zonas de Agua del Perro y Collajera; en Pacho, construcción de vías urbanas del corregimiento de Pasuncha, y en Paime, la construcción de viviendas rurales y la ubicación de 47 de unidades sanitarias para el sector rural.
Esta primera audiencia pública de control social, presidida por el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, contó con la participación en línea de miembros de juntas de acción comunal, veedores, integrantes de las asociaciones de usuarios del sector salud, funcionarios municipales y departamentales y ciudadanía de La Palma, El Peñón, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí.
Estas audiencias públicas de control social, las cuales se realizarán periódicamente con cada una de las provincias del departamento, buscan generar espacios de interacción con los ciudadanos, de tal forma que la Contraloría pueda dar a conocer las competencias legales de la entidad, la gestión desarrollada en cada región y, principalmente, escuchar a la comunidad, aliada de gran importancia en el control social que consolide una sociedad libre de corrupción, puntualizó el contralor Sierra Cardozo al hacer el balance de la jornada.
Clínica San Sebastián de Girardot suspende cierre de sus instalaciones


Gama, en Cundinamarca: capturados 5 presuntos ciber delincuentes

Procuraduría citó a audiencia a concejal de Gutiérrez, Cundinamarca
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Tomada de: www.viajarenverano.com |
Incomprensible deterioro de centros y puestos de salud
FORO DE CONTROL FISCAL REALIZADO POR LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contralor de Cundinamarca, da a conocer al presidente Iván Duque las acciones contra la corrupción.
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