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Hacinamiento en establecimientos penitenciarios





Frente a la preocupante situación de hacinamiento carcelario que aún persiste y evidenciada en recientes visitas de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo Regional-Cundinamarca a las unidades de policía en donde se recluyen de manera transitoria a las personas privadas de la libertad condenadas y sindicadas, la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Ministerio del Interior a debatir la necesidad de construir nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios en el territorio cundinamarqués que permitan salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad.

Para la CRMBC, es urgente trabajar en este frente, ya que el hacinamiento persistente en los centros de reclusión administrados por el INPEC en el Departamento, ha imposibilitado el traslado de esta población, ya que como lo informó la directora del INPEC para la Región Central, Imelda López, en sesión de junio de 2020 de la CRMBC, desde la dirección del nacional del INPEC, se estableció que no se firmarían con las entidades territoriales nuevos convenios para recibir más personas privadas de la libertad al interior de los EPC en el departamento de Cundinamarca, puesto que estos centros de reclusión no cuentan con cupos que permitan la garantía de derechos y bienestar de las personas privadas de la libertad.

Tomar medidas perentorias desde las instancias nacionales responsables de este tema, se hace hoy necesario, en la medida en que ante la pandemia del COVID-19, cómo lo expresó la Defensoría del Pueblo, en comunicación a la dirección Ejecutiva de la Federación Colombiana de Municipios, “es conocido también como dentro de los escenarios que ofrecen mayor riesgo de contagio, se encuentran las personas privadas de su libertad localizadas en los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios, y centros de reclusión transitorios del país...”.

La no solución de esta problemática, de acuerdo con los miembros de la CRMBC, pone en alto riesgo la población carcelaria, que como ya sucedió en la Estación de Policía de San Mateo, Soacha, Cundinamarca, fueron hechos intrínsecamente ligados al hacinamiento que existe en las diversas unidades policiales del departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá D.C.

De la misma forma, el contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo, se unió al llamado hecho por la Defensoría del Pueblo a las autoridades municipales en donde se les requirió la adopción de medidas para proteger la vida, la salud y la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad en detención preventiva, localizadas en sus centros de reclusión o en aquellos con los que tuvieran convenios para tal efecto.

A demás de este tema, durante la sesión ordinaria del mes de diciembre, la Comisión presentó el avance del plan de acción 2020-2021, en donde se destacaron actividades como el seguimiento a: reubicación de habitantes del barrio El Tao en Pacho; inclusión de políticas de lucha contra la corrupción en los planes de desarrollo territoriales; situación de los rellenos sanitarios, cumplimiento de la ley 843 de 2017; vigilancia de la contratación en la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-15, entre otros temas.

Por un nuevo tiempo...

 


Contraloría de Cundinamarca identificó obras inconclusas por más de $97.129 millones de pesos en el Departamento

De acuerdo con los reportes presentados por las administraciones locales y una vez realizada la depuración de la información, la Contraloría de Cundinamarca determinó que actualmente en el departamento se encuentran 71 obras inconclusas, por un valor de 97.129 millones de pesos, las cuales se localizan en 39 municipios; así lo dio a conocer el ente de control, durante el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas Vigencia 2020, realizado el pasado 14 de diciembre.





Durante la sesión se explicó que por sectores, los de mayores obras inconclusas son: agua potable y saneamiento básico, con 17 obras que suman $42.956 millones de pesos; educación, con 15 obras por un monto de $15.573 millones de pesos, y deportes y recreación, con 7 obras por $9.146 millones de pesos.

Al analizar por provincia, se determinó que las de Sabana Occidente, Bajo Magdalena, Tequendama y Sumapaz presentan las más altas cifras, $40.464 millones de pesos, $14.110 millones de pesos, $9.554 millones de pesos, y $7.110 millones de pesos, respectivamente. En el mismo informe se destaca como causas de estas obras inacabadas la falta de recursos, el incumplimiento del contratista, las obras son ejecutadas por etapas y las deficiencias en estudios y diseños de los proyectos.


Este informe, expresa el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, es el resultado de la continuación de una labor asumida por la Entidad que requirió a las administraciones locales informes sobre el estado de las obras en sus territorios para así, generar una base de datos que permita un seguimiento efectivo a esta contratación, anticipándose a lo que hoy establece Ley 2020 del 17 de julio del 2020, por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales.

Frente a esta situación, el contralor Sierra Cardozo reiteró su llamado a las administraciones locales para que tomen las medidas necesarias que permitan la culminación y puesta al servicio de la comunidad y requirió a los alcaldes y jefes de planeación a proyectar sus obras de infraestructura, de tal forma que las mismas no queden truncadas y se conviertan en elefantes blancos, que afectan los recursos públicos de las entidades locales y en especial el bienestar de la comunidad.

Limpieza profunda


Obras inconclusas por más de $9.554 millones de pesos en la provincia del Tequendama identificó la Contraloría de Cundinamarca.

 Durante el desarrollo de la audiencia pública de control social para la provincia del Tequendama, realizada el pasado 27 de octubre, el ente de control dio a conocer que, de acuerdo con los reportes recibidos en la Contraloría Departamental, con corte agosto de 2020, esta región de Departamento presenta 5 obras inconclusas por un valor que supera los $9.554 millones de pesos.

Dentro de las obras inacabadas, se encuentran el alcantarillado pluvial y la ampliación del alcantarillado sanitario en la inspección San Antonio del municipio de Anapoima; la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del casco urbano en el municipio de Apulo; la segunda etapa del polideportivo central del municipio de Cachipay; las obras de infraestructura educativa y su dotación en el municipio de La Mesa; y por último, el centro de acopio agroindustrial la Montanara en la inspección de la Gran Vía en Tena. 

Apulo
Frente a esta situación, la Contraloría de Cundinamarca reitera su llamado a las administraciones locales para que tomen las medidas necesarias para que estas obras sean puestas al servicio de la comunidad y, así mismo, advirtió a los alcaldes y jefes de planeación sobre la responsabilidad que les compete al proyectar sus obras de infraestructura, de tal forma que las mismas no queden truncadas y se conviertan en elefantes blancos, que afectan los recursos públicos de las entidades locales y en especial el bienestar de la comunidad.

Por otra parte, al abordar el tema de la gestión fiscal ambiental, la Contraloría de Cundinamarca informó que Apulo, Quipile y El Colegio no dieron cumplimiento al mandato legal de invertir un porcentaje no menor a 1% del total de ingresos corrientes de sus municipios para la promoción de la conservación y recuperación de los recursos hídricos que surte de agua a sus acueductos.

El Colegio
Así mismo, la Contraloría de Cundinamarca destaca el comportamiento de los municipios de Viotá y La Mesa, quienes superaron el porcentaje establecido por la norma; sin embargo, recomienda a las autoridades de la provincia del Tequendama una mayor gestión en la adquisición y mantenimiento de predios de interés hídrico; donde se incluya la elaboración de planes de manejo ambiental que defina actividades claras, concretas y que garanticen el uso adecuado de los recursos.

En cuanto al manejo de residuos sólidos, la Contraloría de Cundinamarca resalta la importante cobertura que reportan los 10 municipios en lo relacionado con la recolección y disposición final de los residuos sólidos, situación en la cual se presenta el 100% de cobertura en el área urbana; pero, a su vez, la entidad de control alerta sobre la baja cobertura en la zona rural, donde se observan alcances que, en su mayoría, no superan el 40%.

Al presentar el balance de auditorías realizadas durante el último cuatrienio, la Contraloría de Cundinamarca evidenció, en los municipios y empresas de servicios públicos de la región, 49 hallazgos fiscales por un posible detrimento patrimonial del orden de los $6.221 millones de pesos, donde los municipios de Cachipay, La Mesa y Apulo, registran el mayor número de hallazgos con 13, 11 y 9 cada uno respectivamente.

En el área de Empresas Sociales del Estado, durante las vigencias de 2016 a 2019, se evidenciaron 6 hallazgos fiscales, por un monto $1.999 millones de pesos, dentro de los cuales se destacan: primero, la construcción del servicio de urgencias de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa en la cual, en el momento de la auditoría, se pudo observar que la infraestructura no se encuentra en servicio; y, segundo, las acciones fraudulentas a través de medios electrónicos en la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio.

Quipile
Por otra parte, la Contraloría Departamental informó que actualmente se encuentran 52 procesos de responsabilidad fiscal en la provincia por un valor de $3.912 millones de pesos, de los cuales La Mesa y Cachipay presentan 13 procesos cada uno; mientras que el municipio de San Antonio del Tequendama no registra en la base de datos de la entidad procesos activos.

El contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, expresó su satisfacción por la acogida que tienen estas jornadas de control social y, en especial por la participación de las comunidades de los municipios de Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá, quienes participaron activamente durante la audiencia, y donde tuvieron la oportunidad de conocer la gestión fiscal que ejerce la Contraloría en su región.

Tena

Estas audiencias públicas, que se realizan periódicamente con cada una de las provincias del departamento, tienen como objetivo el propiciar espacios de diálogo con las comunidades, aliadas fundamentales para alcanzar un ejercicio del control social que consolide una sociedad protagonista en la lucha anticorrupción, puntualizó el contralor Sierra Cardozo al hacer el balance de la jornada.

El campo mantiene el vigor de la vida.

Integrantes de la Asociación de Productores Campesinos del Sumapaz, la Asociación de Mercados Campesinos - ASOMERCAPAZ- y la Asociación Campesina Agroambiental Construyendo Paz para el Buen Vivir - ACAPVI-, todos ellos productores campesinos del Sumapaz se reencuentran luego de un largo tiempo de distanciamiento físico para celebrar la temporada de Amor y Amistad.

A pesar de mantener la productividad individual, de comunicarse permanentemente por medio de las redes sociales, de enviarse razones unos a otros, hoy, estos campesinos productores de la "Tierra Grata" y sus alrededores han decidido compartir un espacio de vida, con alegría y comida, como debe ser.

Oportunidad para intercambiar las experiencias vividas durante la pandemia y hacer el lógico balance en salud.

Aspiran los campesinos, enviar un mensaje a todo el campo colombiano sobre la necesidad de mantener en primera línea la lucha por la vida; cuidarse, producir, fortalecer la madre naturaleza y aportar con su propio sudor al mejor estar de los ciudadanos.

Día a día, quienes vivimos en los Centros urbanos nos beneficiamos de su esfuerzo y rendimiento.

Sea esta la ocasión para acompañarles y desearles lo mejor, que la tierra les recompense y que las ciudades mantengan viva en su cotidianidad, la imagen del campo y su gente.


Para la provincia de Ubaté, próxima audiencia pública de control social.

 Continuando con el recorrido virtual por las regiones de Cundinamarca, el próximo martes 29 de septiembre, la Contraloría de Cundinamarca cumplirá con su tercera audiencia virtual de control social.

Contraloría de Cundinamarca.- Las comunidades de los municipios de Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté, tendrán la oportunidad de conocer la situación de sus administraciones en cuanto a los resultados de los procesos auditores realizados a los sujetos de control de esta provincia, el estado de los planes de mejoramiento suscritos por las entidades auditadas, la situación de obras inconclusas, así como los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Entidad.

La sesión virtual, que será transmitida a partir de las 9:30 de la mañana por facebook-live (@ContralCundinam), expresa el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, “también tendrá un espacio de participación e interacción, en el cual los ciudadanos, a través preguntas allegadas a la entidad y por medio del chat de la transmisión podrán exponer sus inquietudes sobre el control fiscal que desarrolla la entidad en esta provincia; así como la problemática relacionada con salud, obras públicas, educación, recreación, entre otros temas y, en especial, la contratación originada en la atención de la pandemia ocasionada por el COVID 19 en sus territorios”, puntualizó.

De esta forma, la Contraloría de Cundinamarca no detiene su trabajo de diálogo continuo con la ciudadanía, con herramientas de virtualidad, fundamentales en este momento de crisis sanitaria, garantizando la participación de los ciudadanos en la vigilancia de los recursos públicos y en el efectivo cumplimiento del control social, sin exponer a las comunidades a riesgos de contagio; situación que asegura un control fiscal generador de valor y sostenibilidad para Cundinamarca.

Hallazgos fiscales por más de $1.262 millones de pesos en la provincia del Rionegro, reportó Contraloría de Cundinamarca.


En el desarrollo de la audiencia pública virtual de control social para la provincia del Rionegro, la Contraloría de Cundinamarca dio a conocer que como resultado de las auditorías practicadas a las administraciones municipales de las vigencias 2018 y 2019, se identificaron 32 hallazgos fiscales que suman posibles detrimentos patrimoniales superiores a los $1.262 millones de pesos en esta zona del departamento.

Dentro de las causas de estos hallazgos, el ente de control determinó, como principales, la falta de seguimiento y vigilancia en la ejecución contractual, en especial de obra pública; deficiente manejo de los recursos girados por concepto de anticipos, mala planeación en los estudios previos, gestión fiscal antieconómica e irregularidades en pagos, entre otros.

Así mismo, la Contraloría de Cundinamarca destacó que frente al control ejercido a las Empresas Sociales del Estado de la región, éstas no presentaron hallazgos fiscales.

En cuanto a obras inconclusas, se pudieron detectar 6, así: en La Palma, ejecución de proyectos de dinamizadores; en Yacopí, el suministro de dos aulas prefabricadas con destino a reubicación para las zonas de Agua del Perro y Collajera; en Pacho, construcción de vías urbanas del corregimiento de Pasuncha, y en Paime, la construcción de viviendas rurales y la ubicación de 47 de unidades sanitarias para el sector rural.

Esta primera audiencia pública de control social, presidida por el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, contó con la participación en línea de miembros de juntas de acción comunal, veedores, integrantes de las asociaciones de usuarios del sector salud, funcionarios municipales y departamentales y ciudadanía de La Palma, El Peñón, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí.

Estas audiencias públicas de control social, las cuales se realizarán periódicamente con cada una de las provincias del departamento, buscan generar espacios de interacción con los ciudadanos, de tal forma que la Contraloría pueda dar a conocer las competencias legales de la entidad, la gestión desarrollada en cada región y, principalmente, escuchar a la comunidad, aliada de gran importancia en el control social que consolide una sociedad libre de corrupción, puntualizó el contralor Sierra Cardozo al hacer el balance de la jornada.


Silvania adopta medidas frente al Covid-19

Decreto 37 del 17 de marzo de 2020

- Se declara la situación de calamidad pública
- Se activa el Consejo Municipal del Riesgo y Servicios en Salud
- Se suspenden las reuniones, aglomeraciones sociales, cívicas, religiosas, deportivas y políticas públicas y privadas.
- Se suspenden las ventas ambulantes.
- Ley Seca desde las 6 a.m. del 17 de marzo hasta las 6 p.m. del mismo mes
- Toque de queda de las 24 horas para los menores de 18 años desde el 17 de marzo
- Se exhorta a los mayores de 60 años con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes, hipertenso y afecciones fuertes a permanecer en sus residencias manteniendo el máximo cuidado
- Se ordena el cierre de piscinas, balnearios, centros recreativos y fincas ecoturísticas
- Se recomienda a la ciudadanía adoptar las medidas preventivas del coronavirus
- Se adoptan medidas para garantizar las actividades laborales desde la casa
- Se suspenden los términos administrativos y policivos relacionados con trámites y procesos que se están adelantando por la administración
LÍNEAS DE ATENCIÓN: 318 711 4478 - 315 355 5472

Importante.

Profesionales Oficiales de Reserva realizan reentrenamiento en Puerto Salgar, Cundinamarca

 Con la participación de 130 Profesionales Oficiales de Reserva (POR) provenientes de varias partes del país, se llevó a cabo en el Comando ...

CINVCON S.A.S.

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