En relación con este contrato explica el Jefe del ente de control fiscal que a la fecha se han presentado 6 derechos de petición, 4 tutelas y 2 recusaciones, a pesar que la competencia para continuar con dicha investigación será ejercida por la Contraloría General de la República, en un juzgado administrativo de Girardot, cursa una acción popular por la moralidad administrativa, incoada (inicio de acción judicial) por la Contraloría de Cundinamarca a fin de proteger los recursos territoriales, la que impulsa procesalmente.
A pesar de recusaciones, el Contralor de Cundinamarca continúa controlando los recursos del departamento.
El Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, ante la aceptación por parte de la Procuraduría Regional de Cundinamarca de la recusación en su contra, en relación con la auditoría especial practicada en enero de este año, al contrato de prestación de servicios profesionales No 168 de 2005 entre la Universidad de Cundinamarca con el abogado César Augusto Moya Colmenares, expresa su acatamiento y se permite señalar que mantendrá firme su decisión de continuar emprendiendo acciones en pro de la protección del patrimonio público del departamento.
En relación con este contrato explica el Jefe del ente de control fiscal que a la fecha se han presentado 6 derechos de petición, 4 tutelas y 2 recusaciones, a pesar que la competencia para continuar con dicha investigación será ejercida por la Contraloría General de la República, en un juzgado administrativo de Girardot, cursa una acción popular por la moralidad administrativa, incoada (inicio de acción judicial) por la Contraloría de Cundinamarca a fin de proteger los recursos territoriales, la que impulsa procesalmente.
En relación con este contrato explica el Jefe del ente de control fiscal que a la fecha se han presentado 6 derechos de petición, 4 tutelas y 2 recusaciones, a pesar que la competencia para continuar con dicha investigación será ejercida por la Contraloría General de la República, en un juzgado administrativo de Girardot, cursa una acción popular por la moralidad administrativa, incoada (inicio de acción judicial) por la Contraloría de Cundinamarca a fin de proteger los recursos territoriales, la que impulsa procesalmente.
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