Auditorías en Cundinamarca para proteger los recursos públicos.

La Contraloría de Cundinamarca inició el tercer ciclo de auditorías del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) 2025, dando continuidad a su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos de los cundinamarqueses.

Este ciclo de auditorías se desarrollará hasta el 1 de octubre de 2025, cubriendo tanto la vigencia 2024 como la actualidad de los procesos y entidades sujetos a control en el departamento. El cronograma comprende las fases de planeación, ejecución, entrega de informes preliminares y definitivos, así como el cierre de los procesos.

Durante este ciclo, se adelantarán diversos tipos de auditoría: Auditoría financiera de gestión y resultados: Evalúa la correcta presentación de la información financiera, presupuestal y de gestión, así como la eficiencia y efectividad del uso de los recursos públicos.

Auditoría de cumplimiento: Verifica que las entidades estén actuando de acuerdo con la normatividad vigente, especialmente en materia contractual, financiera y operativa.

Actuaciones especiales de fiscalización: Permiten la respuesta rápida ante hechos o denuncias que puedan afectar el patrimonio público.

Auditoría abreviada: Facilita la revisión ágil de ciertas entidades o procesos, manteniendo los estándares técnicos previstos por la Contraloría.

Las auditorías están alineadas con las normas internacionales ISSAI y buscan fomentar las buenas prácticas en la gestión pública a nivel departamental y municipal.

Ojo a las recomendaciones a las entidades auditadas

La Contraloría de Cundinamarca recomienda a todas las entidades sujetas de control: Entregar de manera oportuna, completa y veraz la información solicitada por los equipos auditores.

Facilitar el acceso y las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de las auditorías.

Preparar y cargar los planes de mejoramiento en los sistemas habilitados, atendiendo las observaciones y recomendaciones para corregir y prevenir situaciones que puedan originar hallazgos.

Firmar y cumplir con los compromisos de transparencia, integridad y confidencialidad acordados en el proceso de auditoría.

El adecuado cumplimiento de estas recomendaciones fortalecerá la confianza ciudadana, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El cumplimiento de estas recomendaciones fortalece la transparencia institucional, protege el patrimonio público y promueve la buena gestión en beneficio de todos los cundinamarqueses.

Contraloría de Cundinamarca gana acción popular contra Codensa, se frena privatización indebida del alumbrado público.

La Contraloría de Cundinamarca celebra una importante acción en la defensa del patrimonio público y los derechos colectivos de los municipios del departamento, luego de que el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá profiriera fallo favorable dentro de la acción popular promovida por la Entidad contra Codensa S.A. E.S.P.

El proceso, iniciado en 2017, denunció la celebración de contratos de arrendamiento de infraestructura de alumbrado público entre Codensa y varios municipios de Cundinamarca, figura que desnaturalizaba la prestación del servicio y generaba un evidente detrimento patrimonial. Esta modalidad permitía a la empresa mantener la propiedad de luminarias, postes y redes, a pesar de que los municipios pagaban por su instalación, mantenimiento y modernización, a través de la inclusión de cláusulas lesivas con las que Condensa cobra a los municipios por la modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público, manteniendo la propiedad de los bienes, generando un doble cobro por arrendamiento e inversión; además, afectando el patrimonio público y a los usuarios del servicio, que asumen pagos injustificados por concepto de arrendamiento y mantenimiento de redes que, por su naturaleza, deberían ser bienes públicos.

El fallo reconoce que estos contratos vulneraban derechos colectivos como la moralidad administrativa, el uso adecuado del espacio público, la defensa del patrimonio público, la libre competencia económica y los derechos de los consumidores. Además, establece que debió garantizarse la reversión de la infraestructura y evitar esquemas de arrendamiento que perpetúan la dependencia de los entes territoriales.

Los municipios beneficiados por esta decisión judicial son:

Fusagasugá, Mosquera, Zipaquirá, Facatativá, Chía, Cajicá, Funza, Madrid, La Mesa y Tabio, todos afectados por contratos de largo plazo firmados con Codensa que comprometían sus finanzas y la soberanía sobre su infraestructura pública.

La acción de la Contraloría de Cundinamarca logró poner en evidencia un modelo de contratación que comprometía recursos públicos durante décadas, afectando la transparencia y la autonomía municipal. Esta sentencia representa una victoria jurídica e institucional que marca un antes y un después en la defensa del interés público en Cundinamarca.

“El alumbrado público no puede convertirse en una carga para los municipios ni en un negocio indefinido para unos pocos. Con esta decisión, se marca un precedente sobre cómo se debe defender lo público con argumentos sólidos y con el respaldo de la ley” , afirmó el contralor departamental, Carlos Augusto Wilches Vega.

El fallo reconoce que estos contratos vulneraban derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce del espacio público, a los derechos de los consumidores y usuarios, a la libre competencia económica, al uso y defensa de los bienes públicos, a la defensa del patrimonio, entre otros.