Frente a la preocupante situación de hacinamiento carcelario que aún persiste y evidenciada en recientes visitas de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo Regional-Cundinamarca a las unidades de policía en donde se recluyen de manera transitoria a las personas privadas de la libertad condenadas y sindicadas, la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Ministerio del Interior a debatir la necesidad de construir nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios en el territorio cundinamarqués que permitan salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad.
Para la CRMBC, es urgente trabajar en este frente, ya que el hacinamiento persistente en los centros de reclusión administrados por el INPEC en el Departamento, ha imposibilitado el traslado de esta población, ya que como lo informó la directora del INPEC para la Región Central, Imelda López, en sesión de junio de 2020 de la CRMBC, desde la dirección del nacional del INPEC, se estableció que no se firmarían con las entidades territoriales nuevos convenios para recibir más personas privadas de la libertad al interior de los EPC en el departamento de Cundinamarca, puesto que estos centros de reclusión no cuentan con cupos que permitan la garantía de derechos y bienestar de las personas privadas de la libertad.
La no solución de esta problemática, de acuerdo con los miembros de la CRMBC, pone en alto riesgo la población carcelaria, que como ya sucedió en la Estación de Policía de San Mateo, Soacha, Cundinamarca, fueron hechos intrínsecamente ligados al hacinamiento que existe en las diversas unidades policiales del departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá D.C.
A demás de este tema, durante la sesión ordinaria del mes de diciembre, la Comisión presentó el avance del plan de acción 2020-2021, en donde se destacaron actividades como el seguimiento a: reubicación de habitantes del barrio El Tao en Pacho; inclusión de políticas de lucha contra la corrupción en los planes de desarrollo territoriales; situación de los rellenos sanitarios, cumplimiento de la ley 843 de 2017; vigilancia de la contratación en la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-15, entre otros temas.
