Obras inconclusas por más de $9.554 millones de pesos en la provincia del Tequendama identificó la Contraloría de Cundinamarca.
Durante el desarrollo de la audiencia pública de control social para la provincia del Tequendama, realizada el pasado 27 de octubre, el ente de control dio a conocer que, de acuerdo con los reportes recibidos en la Contraloría Departamental, con corte agosto de 2020, esta región de Departamento presenta 5 obras inconclusas por un valor que supera los $9.554 millones de pesos.
Dentro de las obras inacabadas, se encuentran el alcantarillado pluvial y la ampliación del alcantarillado sanitario en la inspección San Antonio del municipio de Anapoima; la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del casco urbano en el municipio de Apulo; la segunda etapa del polideportivo central del municipio de Cachipay; las obras de infraestructura educativa y su dotación en el municipio de La Mesa; y por último, el centro de acopio agroindustrial la Montanara en la inspección de la Gran Vía en Tena.
Frente
a esta situación, la Contraloría de Cundinamarca reitera su llamado
a las administraciones locales para que tomen las medidas necesarias
para que estas obras sean puestas al servicio de la comunidad y, así
mismo, advirtió a los alcaldes y jefes de planeación sobre la
responsabilidad que les compete al proyectar sus obras de
infraestructura, de tal forma que las mismas no queden truncadas y se
conviertan en elefantes blancos, que afectan los recursos públicos
de las entidades locales y en especial el bienestar de la comunidad.Apulo
Por otra parte, al abordar el tema de la gestión fiscal ambiental, la Contraloría de Cundinamarca informó que Apulo, Quipile y El Colegio no dieron cumplimiento al mandato legal de invertir un porcentaje no menor a 1% del total de ingresos corrientes de sus municipios para la promoción de la conservación y recuperación de los recursos hídricos que surte de agua a sus acueductos.
El Colegio |
En cuanto al manejo de residuos sólidos, la Contraloría de Cundinamarca resalta la importante cobertura que reportan los 10 municipios en lo relacionado con la recolección y disposición final de los residuos sólidos, situación en la cual se presenta el 100% de cobertura en el área urbana; pero, a su vez, la entidad de control alerta sobre la baja cobertura en la zona rural, donde se observan alcances que, en su mayoría, no superan el 40%.
Al presentar el balance de auditorías realizadas durante el último cuatrienio, la Contraloría de Cundinamarca evidenció, en los municipios y empresas de servicios públicos de la región, 49 hallazgos fiscales por un posible detrimento patrimonial del orden de los $6.221 millones de pesos, donde los municipios de Cachipay, La Mesa y Apulo, registran el mayor número de hallazgos con 13, 11 y 9 cada uno respectivamente.
En el área de Empresas Sociales del Estado, durante las vigencias de 2016 a 2019, se evidenciaron 6 hallazgos fiscales, por un monto $1.999 millones de pesos, dentro de los cuales se destacan: primero, la construcción del servicio de urgencias de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa en la cual, en el momento de la auditoría, se pudo observar que la infraestructura no se encuentra en servicio; y, segundo, las acciones fraudulentas a través de medios electrónicos en la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio.
Por
otra parte, la Contraloría Departamental informó que actualmente se
encuentran 52 procesos de responsabilidad fiscal en la provincia por
un valor de $3.912 millones de pesos, de los cuales La Mesa y
Cachipay presentan 13 procesos cada uno; mientras que el municipio de
San Antonio del Tequendama no registra en la base de datos de la
entidad procesos activos.Quipile
El contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, expresó su satisfacción por la acogida que tienen estas jornadas de control social y, en especial por la participación de las comunidades de los municipios de Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá, quienes participaron activamente durante la audiencia, y donde tuvieron la oportunidad de conocer la gestión fiscal que ejerce la Contraloría en su región.
Estas audiencias públicas, que se realizan periódicamente con cada una de las provincias del departamento, tienen como objetivo el propiciar espacios de diálogo con las comunidades, aliadas fundamentales para alcanzar un ejercicio del control social que consolide una sociedad protagonista en la lucha anticorrupción, puntualizó el contralor Sierra Cardozo al hacer el balance de la jornada.
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