La Contraloría de Cundinamarca celebra una importante acción en la defensa del patrimonio público y los derechos colectivos de los municipios del departamento, luego de que el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá profiriera fallo favorable dentro de la acción popular promovida por la Entidad contra Codensa S.A. E.S.P.
El proceso, iniciado en 2017, denunció la celebración de contratos de arrendamiento de infraestructura de alumbrado público entre Codensa y varios municipios de Cundinamarca, figura que desnaturalizaba la prestación del servicio y generaba un evidente detrimento patrimonial. Esta modalidad permitía a la empresa mantener la propiedad de luminarias, postes y redes, a pesar de que los municipios pagaban por su instalación, mantenimiento y modernización, a través de la inclusión de cláusulas lesivas con las que Condensa cobra a los municipios por la modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público, manteniendo la propiedad de los bienes, generando un doble cobro por arrendamiento e inversión; además, afectando el patrimonio público y a los usuarios del servicio, que asumen pagos injustificados por concepto de arrendamiento y mantenimiento de redes que, por su naturaleza, deberían ser bienes públicos.
El fallo reconoce que estos contratos vulneraban derechos colectivos como la moralidad administrativa, el uso adecuado del espacio público, la defensa del patrimonio público, la libre competencia económica y los derechos de los consumidores. Además, establece que debió garantizarse la reversión de la infraestructura y evitar esquemas de arrendamiento que perpetúan la dependencia de los entes territoriales.
Los municipios beneficiados por esta decisión judicial son:
Fusagasugá, Mosquera, Zipaquirá, Facatativá, Chía, Cajicá, Funza, Madrid, La Mesa y Tabio, todos afectados por contratos de largo plazo firmados con Codensa que comprometían sus finanzas y la soberanía sobre su infraestructura pública.
La acción de la Contraloría de Cundinamarca logró poner en evidencia un modelo de contratación que comprometía recursos públicos durante décadas, afectando la transparencia y la autonomía municipal. Esta sentencia representa una victoria jurídica e institucional que marca un antes y un después en la defensa del interés público en Cundinamarca.
“El alumbrado público no puede convertirse en una carga para los municipios ni en un negocio indefinido para unos pocos. Con esta decisión, se marca un precedente sobre cómo se debe defender lo público con argumentos sólidos y con el respaldo de la ley” , afirmó el contralor departamental, Carlos Augusto Wilches Vega.
El fallo reconoce que estos contratos vulneraban derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce del espacio público, a los derechos de los consumidores y usuarios, a la libre competencia económica, al uso y defensa de los bienes públicos, a la defensa del patrimonio, entre otros.
