A más de un kilómetro bajo tierra, la Sabana de Bogotá guarda valiosas reservas de agua

En la Sabana de Bogotá convergen municipios como Funza, Mosquera y Tenjo, por eso enfrenta sobreexplotación de sus acuíferos más superficiales. Fotos: Paola Atapuma, magíster en Ciencia - Geofísica de la U

 En la Sabana de Bogotá, una de las regiones más productivas del país, el agua que fluye por ríos, quebradas y pozos poco profundos empieza a escasear. Después de décadas de uso los acuíferos someros (capas subterráneas donde se acumula el agua de lluvia y que suelen encontrarse a menos de 200 m de profundidad) están llegando a su límite intensivo para riego, industria y consumo doméstico.

A esto se suma la expansión urbana, que ha ido cubriendo con concreto y construcciones las zonas donde antes el agua de lluvia se podía filtrar hacia el subsuelo para recargar los acuíferos. Al desaparecer esas áreas permeables —conocidas como zonas de recarga—, cada vez menos agua logra infiltrarse, lo que reduce la capacidad natural del territorio para reabastecer sus reservas subterráneas.

A lo anterior se añade la perforación descontrolada de pozos, muchos de ellos sin permisos ni estudios técnicos. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en la Sabana se registran cerca de 2.480 pozos, aunque se calcula que el número real podría ser mucho mayor si se incluyen los ilegales.

“Las reservas más superficiales se están agotando por el uso desmedido y la falta de control, mientras que las más profundas permanecen intactas, a la espera de ser estudiadas y administradas responsablemente”, afirma Paola Andrea Atapuma Acevedo, magíster en Ciencia - Geofísica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Precisamente en esas profundidades, el subsuelo guarda una posibilidad real para aliviar la escasez. A más de 1 km bajo tierra se extiende el Grupo Guadalupe, una formación geológica que actúa como una “esponja natural”, capaz de almacenar agua en sus capas de areniscas permeables que se recargan lentamente desde los cerros Orientales, Occidentales y donde se encuentre aflorando este grupo.

Su nombre proviene del cerro de Guadalupe, en Bogotá, en donde su composición de areniscas compactas y lutitas intercaladas conservan el agua durante siglos bajo presión natural. Esta estructura la convierte en uno de los principales reservorios profundos del altiplano cundiboyacense.

Hasta ahora solo unos pocos pozos han alcanzado esas profundidades. “En la Sabana la mayoría no supera los 200 o 300 m, y apenas uno, ubicado en Tenjo y reacondicionado por la Alcaldía, ha confirmado la presencia de agua del Grupo Guadalupe”, anota la investigadora, quien decidió estudiar el subsuelo para evaluar la existencia y el alcance de estos acuíferos profundos aún desconocidos.

Agua y energía bajo la Sabana

Parte de su trabajo consistió en analizar registros de gravimetría y sísmica tomados años atrás en la región, y complementarlos con nuevas mediciones magnetotelúricas y sondeos eléctricos verticales realizados por ella misma. Estas observaciones se concentraron en zonas donde la forma del terreno y su estructura sugerían acumulación de agua subterránea.

Durante los sondeos eléctricos verticales, la investigadora midió la respuesta del terreno al paso de corriente eléctrica para identificar posibles acuíferos.

“Los métodos geofísicos permiten ‘ver’ lo que ocurre bajo tierra sin necesidad de perforar. La gravimetría revela diferencias en la densidad del terreno, la sísmica ayuda a conocer la profundidad de las capas y las mediciones eléctricas y magnetotelúricas muestran qué tan fácil puede moverse la corriente, un indicio de la presencia de agua. En conjunto forman una imagen tridimensional del subsuelo, algo así como una radiografía del cuerpo humano donde las zonas más porosas indican la posible presencia de acuíferos”, explica la magíster.

Además, incorporó un análisis petrofísico a partir de muestras de roca extraídas con el apoyo de una empresa de flores. A cada fragmento se le midieron propiedades como la susceptibilidad magnética y la radiación gamma, parámetros que ayudan a identificar el tipo de roca y su capacidad para almacenar agua.

“Estas pruebas confirmaron la composición arenosa del Grupo Guadalupe y reforzaron la hipótesis sobre su potencial como reservorio profundo”, asegura.

También revisó información de pozos existentes y registró sus temperaturas, lo que le permitió evaluar el calor del subsuelo como fuente de energía limpia. Su idea fue analizar si estos pozos tendrían un doble uso, no solo para extraer agua sino también para aprovechar la temperatura constante del terreno mediante bombas de calor.

El análisis del modelo tridimensional permitió delimitar tres áreas con alto potencial hídrico y térmico. En el sector de Funza–Subachoque, los registros geofísicos mostraron señales de agua entre los 1.100 y 1.500 m de profundidad.

Medición de la susceptibilidad magnética en muestras de roca del pozo Flores Funza, empleadas para identificar variaciones en la composición del subsuelo y su capacidad de almacenar agua.

En el municipio de El Rosal, las capas acuíferas aparecen más cerca de la superficie, alrededor de los 600 m, lo que facilitaría su acceso.

Y en el municipio de Mosquera, en la Granja Experimental Marengo, de la UNAL, el modelo sugiere un espesor continuo del Grupo Guadalupe de más de 900 m. Esta condición la convierte en un sitio ideal para probar el doble uso del pozo: la extracción de agua y el aprovechamiento geotérmico.

Los resultados se compararon con la información de un pozo ubicado en Tenjo, perforado originalmente por la industria petrolera y reacondicionado por la Alcaldía. Las mediciones en ese punto confirmaron la presencia de agua proveniente del Grupo Guadalupe, lo que demuestra que el reservorio es real y está activo.

Reservas valiosas que se deben usar con cuidado

La investigadora advierte que el agua hallada a grandes profundidades no es igual a la que se obtiene de los pozos superficiales. Al permanecer durante siglos en contacto con las rocas, el líquido disuelve parte de los minerales del subsuelo, lo que modifica su composición química y le da una temperatura más estable. Estas características la convierten en una fuente valiosa para usos agrícolas, industriales o energéticos, ya que suele ser más limpia en términos biológicos y menos vulnerable a la contaminación externa.

Sin embargo, “antes de destinarla al consumo humano se debe someter a un tratamiento que elimine el exceso de sales y minerales acumulados en su recorrido subterráneo”, amplía.

Pozo de agua en el municipio de Funza, punto de referencia para

el estudio  de los acuíferos profundos de la Sabana de Bogotá.

El estudio también estimó que los pozos existentes en la Sabana tendrían un aprovechamiento geotérmico de baja entalpía, es decir, una forma de energía limpia basada en el calor constante del subsuelo. Si se instalaran bombas de calor en los más de 2.000 pozos registrados por la CAR, se podría cubrir la demanda energética de una ciudad del tamaño de Funza o incluso parte del consumo de una zona industrial.

“En países como España o Alemania este tipo de energía se usa para calefacción o refrigeración de edificaciones. En Colombia podríamos adaptarla a nuestras condiciones y aprovecharla en invernaderos, laboratorios o plantas agroindustriales, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles”, explica la magíster Atapuma.

El trabajo de campo implicó largas jornadas de adquisición de datos en diferentes puntos de la Sabana, con apoyo de docentes, estudiantes y empresas que facilitaron equipos y registros previos. La investigadora destaca el acompañamiento del profesor Orlando Hernández Pardo, del Departamento de Geociencias, quien dirigió la tesis y orientó la integración de los métodos geofísicos con el análisis del modelo tridimensional que permitió identificar las zonas con mayor potencial hídrico y térmico.

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Procuraduría indaga presuntas irregularidades en túneles de concesión Transversal del Sisga

La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en averiguación de responsables de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, por posibles irregularidades en las obras del contrato de concesión Transversal del Sisga.

Al parecer, esta obra, específicamente los túneles La Presa, Pluma de Agua, La Cascada, Moyas, Muros I y Muros II, ubicados en la unidad funcional Nro. 3, presentarían problemas con el sistema de energización, trasgrediendo lo establecido en la normatividad vigente en materia de diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carreteras para Colombia, proferido por el INVIAS en 2021.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría realizará una visita técnica a la concesión Transversal del Sisga para establecer las condiciones de funcionalidad de estas obras.

Así mismo, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas documentales orientadas a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos.

Ministra del Deporte realizó seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera, que ya supera el 70 por ciento de avance

Jesús de la Hoz - Prensa Mindeporte.- La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, visitó el municipio de Mosquera para hacer seguimiento a la construcción del velódromo de altura, un escenario que cuenta con un avance superior al 70 por ciento y se consolida como una de las obras más importantes del país.

"Contamos con un porcentaje de avance significativo en el escenario, lo que demuestra el esfuerzo que se está haciendo desde el ministerio para dejarle al municipio y al país una infraestructura moderna, funcional y al servicio de la comunidad. Establecimos un plan de trabajo para evaluar los avances y que el proyecto continúe con la ejecución establecida en el cronograma", destacó la ministra del Deporte.

Actualmente, se desarrollan labores de pintura esmalte alquídico en la estructura metálica, además de la instalación de canaletas y tubería eléctrica interior. De manera paralela, se ejecutan los trabajos correspondientes a la tubería de la red contra incendios interior y la instalación de pisos en cerámica y porcelanato, junto con el esmaltado de superficies.

La obra cuenta con un aporte del ministerio de 60.000 millones de pesos, lo que demuestra el compromiso en el apoyo al deporte de rendimiento. Además, más de 32.500 habitantes se verán beneficiados por este proyecto, que ha generado 2.186 empleos directos, contribuyendo al crecimiento económico del municipio.

El velódromo en altura cumplirá con los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Su construcción no solo fortalecerá la infraestructura deportiva nacional, sino que también potenciará los procesos de formación y desarrollo de nuevos talentos del ciclismo, brindando a los deportistas condiciones ideales para entrenar, competir y proyectarse al deporte de rendimiento.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio del Deporte ha entregado ocho proyectos de infraestructura en siete municipios de Cundinamarca: Bojacá, Viotá, Anapoima, Chipaque, Gutiérrez, Fusagasugá y Fómeque con una inversión superior a 19.132 millones de pesos, beneficiando a 42.619 personas.
Además del velódromo, actualmente se ejecutan tres obras adicionales en el departamento, con una inversión de 18.654 millones de pesos, fortaleciendo la red de infraestructura deportiva y ampliando las oportunidades de acceso a la práctica del deporte, la actividad física y la recreación con espacios dignos.

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En Zipaquirá la expansión urbana incrementa la presión sobre ríos y quebradas

Con las modificaciones al POT en zonas suburbanas el índice de ocupación (IO) pasó del 20 al 40%. Foto: Michael Runkel / Robert Harding Rf / Robertharding vía AFP.

La investigación realizada por Juan Sebastián Fonseca, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que en Zipaquirá las modificaciones al POT en las áreas de transición entre lo urbano y lo rural (zonas suburbanas) duplicaron los índices de ocupación —del 20 al 40 %— entre las versiones de 2000 y 2003, lo que permitió urbanizar áreas concebidas originalmente para regular la expansión hacia suelos agrícolas y ecosistemas sensibles.

El estudio reconstruyó hasta el 2000 la historia hídrico-urbana de Zipaquirá y de la Sabana de Bogotá —conformada por 27 municipios—, analizando los cambios en el uso del suelo y su relación con las fuentes de agua.

“Encontramos que la urbanización temprana del municipio siguió lógicas territoriales heredadas de los periodos muisca y premuisca, y que durante la colonia se consolidó una división espacial entre el ‘pueblo de blancos’ y el ‘pueblo de indios’, una forma temprana de segregación socioespacial. Esa separación histórica sigue presente hoy en la manera en que se han transformado los suelos agrícolas en áreas residenciales, muchas de ellas ubicadas sobre rondas de ríos y quebradas”, afirma el magíster.

Al superponer las cartografías del POT se evidenció que la ciudad continúa las dinámicas de segregación socioespacial sobre suelos agrícolas y rondas hídricas. Foto: SOS Amoladero.

En ese contexto, el crecimiento urbano reciente se ha concentrado en el noroccidente del municipio, en donde se desarrollaron proyectos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP). Como consecuencia, zonas cercanas a las quebradas El Molino y El Amoladero han perdido franjas verdes y suelos productivos, que han sido reemplazados por urbanizaciones cerradas y proyectos de alta densidad, con edificaciones de hasta 12 pisos que ejercen presión directa sobre estos cuerpos de agua.

El investigador también revisó los POT de 2000, 2003 y 2013, comparando sus disposiciones con la expansión real de la ciudad mediante cartografía y análisis normativo. Este ejercicio le permitió evidenciar cómo las modificaciones sucesivas facilitaron el avance urbano sobre zonas originalmente destinadas a contención, y cómo en la franja de expansión se concentraron conflictos entre dinámicas urbanas y sistemas hídricos, documentados a partir de las percepciones de actores sociales y comunitarios.

“Al superponer las cartografías de los diferentes POTs evidenció que la ciudad ha mantenido las mismas dinámicas de segregación socioespacial sobre suelos agrícolas y rondas hídricas, generando nuevas conflictividades sin darles manejo. Esa lectura permitió ver que el instrumento no solo quedó desactualizado, sino que además no ha logrado concretar un modelo de ciudad armonioso con el agua, ni en el papel ni en la práctica”, señala el magíster Fonseca.

La coexistencia de un alcantarillado mixto, donde confluyen aguas residuales y pluviales, incrementa la carga contaminante. Foto: archivo Unimedios.


El agua sin “voz” en la planeación

La ausencia de una visión integral del agua en el POT se refleja directamente en el sistema de acueducto de Zipaquirá. El municipio se abastece de una planta de tratamiento regional que comparte con Nemocón y Cogua, a través de redes de distribución instaladas hace décadas. Más del 30 % del agua tratada se pierde por fugas, superando los límites legales permitidos, y una gran parte de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado —formulado en 2011— sigue sin ejecutarse, a pesar de haber superado su horizonte de planeación.

A esta situación se suma una distribución desigual del recurso: mientras los barrios tradicionales enfrentan cortes frecuentes, los nuevos conjuntos residenciales son priorizados, lo que refleja que la expansión urbana ha avanzado sin considerar la capacidad hídrica real del territorio.

Este escenario convierte el manejo del agua en un problema integral, en el que, además de las dimensiones ambientales y sociales mencionadas, se cruzan las culturales, pues la transformación de suelos agrícolas ha erosionado la identidad campesina y debilitado el vínculo histórico de la población con el agua como sustento de vida.

Una torre de Babel institucional

El caso de Zipaquirá es representativo de lo que ocurre en varios municipios pequeños de la Sabana de Bogotá que enfrentan limitaciones técnicas e institucionales para actualizar y ejecutar sus instrumentos de ordenamiento. Su POT, expedido en el 2000, tuvo modificaciones excepcionales en 2003 y 2013, pero debió ser objeto de una revisión estructural en 2012, lo que no ocurrió. Como resultado, hoy opera desactualizado y sin incorporar integralmente resoluciones ambientales recientes de entidades como la CAR o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni fallos judiciales como la sentencia que ordena el saneamiento del río Bogotá.

La expansión ha afectado zonas cercanas a la quebrada El Molino y El Amoladero. Foto: SOS Amoladero.

Este rezago ha creado un campo normativo ambiguo, en el que las administraciones locales pueden otorgar licencias con base en el POT, en circulares internas o en otras normatividades que no están articuladas coherentemente entre sí. Las tensiones con el nivel nacional —ambiental, agrario y cultural, dado que el centro histórico es patrimonio nacional— se superponen sin una jerarquía clara, generando vacíos y conflictos regulatorios.

“Esto ha derivado en una verdadera torre de Babel institucional que dificulta la gestión sostenible y abre espacios a prácticas discrecionales, por ejemplo en el licenciamiento”, advierte el investigador.

A este problema institucional se suma la precariedad de la infraestructura sanitaria. Zipaquirá no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) plenamente funcional, el sistema actual, basado en una laguna de oxidación diseñada en el POT del 2000, rebosa en temporada de lluvias y descarga directamente al río Bogotá.

“La coexistencia de un alcantarillado mixto, donde confluyen aguas residuales y pluviales, incrementa la carga contaminante y limita la capacidad de respuesta frente al crecimiento poblacional”, indica el magíster.

Por otra parte, la presión sobre el recurso hídrico trasciende las fronteras municipales. Zipaquirá depende en parte de la cuenca del río Neusa, compartida con otros municipios de la Sabana, lo que evidencia la falta de articulación regional en la planeación.

Ciudadanía y territorios sensibles al agua

La investigación del magíster Fonseca también identificó procesos comunitarios que han surgido como respuesta a las deficiencias institucionales. En la quebrada El Amoladero, por ejemplo, habitantes de la zona se han organizado para defender la ronda hídrica y proponer alternativas locales de manejo, articulando prácticas cotidianas con una visión territorial del agua.

En Zipaquirá la expansión urbana ha llevado a un aumento de la presión sobre rondas

de ríos y quebradas, y pérdidas en el sistema de acueducto. Foto: SOS Amoladero.

Tales hallazgos evidencian que la planeación urbana, particularmente en Zipaquirá, enfrenta una debilidad estructural en el desconocimiento del agua como eje central del territorio. Así mismo, sin la actualización de los POT y su articulación con normas ambientales y resoluciones judiciales, los municipios seguirán expuestos a crisis de abastecimiento, deterioro de ecosistemas y conflictividades sociales ligadas a su dimensión hídrica en su expansión.

Así, la investigación concluye que el agua no solo es un recurso sino un actor territorial que configura la forma en que se habita el territorio, que cumple un rol desde lo ambiental, cultural, político y simbólico, y que opera en diferentes escalas, de lo local a municipal y regional.

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