Luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, 13 personas que promovieron y participaron en una convención internacional clandestina de pelea de perros en La Calera (Cundinamarca) fueron condenadas por los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, conductas agravadas por su ejecución con fines de explotación económica.
De acuerdo con la investigación realizada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal (GELMA), el 14 de marzo de 2026, en una finca ubicada en la vereda Aurora Alta, fue adecuado un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para espectadores, así como una estructura tipo ring para desarrollar las confrontaciones
En diligencia de registro y allanamiento realizada en el inmueble se hallaron dos caninos muertos, con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia. Asimismo, fueron recuperados 12 perros, 6 de ellos presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de eventos.
Por estos hechos fueron capturados en situación de flagrancia los hoy sentenciados. Se trata de nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos, quienes financiaron el encuentro y viajaron a Colombia para participar; y cuatro colombianos, entre ellos el organizador de la convención internacional, Julián Esteban León Ramírez, y un veterinario, Carlos Alberto Cifuentes Hernández.
Estas personas fueron condenadas a 31 meses y 15 días de prisión, al pago de multa equivalente a 28.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el cumplimiento de una inhabilidad para el ejercicio de actividades relacionadas con la tenencia y cuidado de animales por el mismo periodo de la pena.
GELMA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
