Las vías en el departamento. mento

 

Convenio para construcción del Hospital en Soacha

Después de 14 meses de trabajo se logró, en el municipio de Soacha, la firma para el convenio del Hospital, una infraestructura de tercer nivel para beneficio no solo de los soachunos, sino de todos los cundinamarqueses.

“Las grandes obras y los grandes propósitos de ciudad no tienen partido político, las grandes obras de la ciudad se construyen entre todos y por eso estamos aquí retomando el esfuerzo de muchas personas. Por eso estamos aquí para firmar este convenio, para asumir ya ahí los 20.000 millones de pesos, que fueron nuestro compromiso”, mencionó el Gobernador Nicolás García.

Respecto a esta obra el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, comentó “Hoy las personas pueden ver unas pocas hojas, pero son 14 meses de trabajo, muchas lágrimas, mucho sudor el que toco tener para contar con estas páginas que harán realidad este sueño para Soacha de tener un hospital”.

A la firma de este convenio presidida por el Gobernador , asistieron el alcalde de Soacha, la gestora social de Soacha, la Secretaria privada del departamento, el gerente del hospital Mario Gaitán Yanguas, la gerente de la ESE Municipal, el presidente de la Asamblea, y varios diputados.

Hacinamiento en establecimientos penitenciarios

Frente a la preocupante situación de hacinamiento carcelario que aún persiste y evidenciada en recientes visitas de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo Regional-Cundinamarca a las unidades de policía en donde se recluyen de manera transitoria a las personas privadas de la libertad condenadas y sindicadas, la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Ministerio del Interior a debatir la necesidad de construir nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios en el territorio cundinamarqués que permitan salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad.

Para la CRMBC, es urgente trabajar en este frente, ya que el hacinamiento persistente en los centros de reclusión administrados por el INPEC en el Departamento, ha imposibilitado el traslado de esta población, ya que como lo informó la directora del INPEC para la Región Central, Imelda López, en sesión de junio de 2020 de la CRMBC, desde la dirección del nacional del INPEC, se estableció que no se firmarían con las entidades territoriales nuevos convenios para recibir más personas privadas de la libertad al interior de los EPC en el departamento de Cundinamarca, puesto que estos centros de reclusión no cuentan con cupos que permitan la garantía de derechos y bienestar de las personas privadas de la libertad.

Tomar medidas perentorias desde las instancias nacionales responsables de este tema, se hace hoy necesario, en la medida en que ante la pandemia del COVID-19, cómo lo expresó la Defensoría del Pueblo, en comunicación a la dirección Ejecutiva de la Federación Colombiana de Municipios, “es conocido también como dentro de los escenarios que ofrecen mayor riesgo de contagio, se encuentran las personas privadas de su libertad localizadas en los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios, y centros de reclusión transitorios del país...”.

La no solución de esta problemática, de acuerdo con los miembros de la CRMBC, pone en alto riesgo la población carcelaria, que como ya sucedió en la Estación de Policía de San Mateo, Soacha, Cundinamarca, fueron hechos intrínsecamente ligados al hacinamiento que existe en las diversas unidades policiales del departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá D.C.

De la misma forma, el contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo, se unió al llamado hecho por la Defensoría del Pueblo a las autoridades municipales en donde se les requirió la adopción de medidas para proteger la vida, la salud y la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad en detención preventiva, localizadas en sus centros de reclusión o en aquellos con los que tuvieran convenios para tal efecto.

A demás de este tema, durante la sesión ordinaria del mes de diciembre, la Comisión presentó el avance del plan de acción 2020-2021, en donde se destacaron actividades como el seguimiento a: reubicación de habitantes del barrio El Tao en Pacho; inclusión de políticas de lucha contra la corrupción en los planes de desarrollo territoriales; situación de los rellenos sanitarios, cumplimiento de la ley 843 de 2017; vigilancia de la contratación en la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-15, entre otros temas.

Por un nuevo tiempo...

 

Contraloría de Cundinamarca identificó obras inconclusas por más de $97.129 millones de pesos en el Departamento

De acuerdo con los reportes presentados por las administraciones locales y una vez realizada la depuración de la información, la Contraloría de Cundinamarca determinó que actualmente en el departamento se encuentran 71 obras inconclusas, por un valor de 97.129 millones de pesos, las cuales se localizan en 39 municipios; así lo dio a conocer el ente de control, durante el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas Vigencia 2020, realizado el pasado 14 de diciembre.

Durante la sesión se explicó que por sectores, los de mayores obras inconclusas son: agua potable y saneamiento básico, con 17 obras que suman $42.956 millones de pesos; educación, con 15 obras por un monto de $15.573 millones de pesos, y deportes y recreación, con 7 obras por $9.146 millones de pesos.

Al analizar por provincia, se determinó que las de Sabana Occidente, Bajo Magdalena, Tequendama y Sumapaz presentan las más altas cifras, $40.464 millones de pesos, $14.110 millones de pesos, $9.554 millones de pesos, y $7.110 millones de pesos, respectivamente. En el mismo informe se destaca como causas de estas obras inacabadas la falta de recursos, el incumplimiento del contratista, las obras son ejecutadas por etapas y las deficiencias en estudios y diseños de los proyectos.

Este informe, expresa el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, es el resultado de la continuación de una labor asumida por la Entidad que requirió a las administraciones locales informes sobre el estado de las obras en sus territorios para así, generar una base de datos que permita un seguimiento efectivo a esta contratación, anticipándose a lo que hoy establece Ley 2020 del 17 de julio del 2020, por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales.

Frente a esta situación, el contralor Sierra Cardozo reiteró su llamado a las administraciones locales para que tomen las medidas necesarias que permitan la culminación y puesta al servicio de la comunidad y requirió a los alcaldes y jefes de planeación a proyectar sus obras de infraestructura, de tal forma que las mismas no queden truncadas y se conviertan en elefantes blancos, que afectan los recursos públicos de las entidades locales y en especial el bienestar de la comunidad.