Judicializado presunto implicado en el crimen de una mujer trans en Cajicá
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Hernando Castillo Rojas como presunto responsable del crimen de su pareja sentimental, una mujer trans cuyo nombre identitario era Natalia Andrea Santodomingo Rodríguez, en Cajicá (Cundinamarca).
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero en una vivienda de la vereda Canelón, donde al parecer, Castillo Rojas atacó con violencia excesiva y desmedida a la víctima de 43 años, propinándole múltiples heridas con un arma cortopunzante, hasta provocarle la muerte.
Una vez cometido el crimen, el señalado agresor, de 30 años, emprendió la huida llevándose consigo los celulares y el dinero de la víctima.
De acuerdo con el material probatorio se estableció que el crimen habría ocurrido en medio de un acto de intolerancia por parte del agresor frente a la comunidad LGTBIQ+.
Por todo lo anterior, una fiscal de Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de feminicidio agravado y hurto calificado. El procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por esto hechos, Castillo Rojas fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 25 de noviembre en la vereda Bojacá, kilómetro a 4 vía Chía – Cajicá, en cumplimiento de una orden judicial.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
Suspenden explotación minera en pleno páramo Rabanal en Lenguazaque
En un predio ubicado en pleno páramo de Rabanal en la vereda Gachaneca del municipio de Lenguazaque, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR realizó un nuevo operativo de alto impacto con el apoyo de la Fuerza Pública, con el fin de comprobar y detener la explotación de carbón mineral subterránea, de forma mecanizada.
Técnicos de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – UIGA de la CAR, junto con integrantes del Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama, del Ejército Nacional efectivos de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional sorprendieron en situación de flagrancia el desarrollo de actividades de explotación y extracción de carbón, toda vez que al ingreso al lugar se observaron equipos como un malacate, ventilador y compresor que, aunque estaban apagados, tenían temperaturas elevadas que da cuenta de que esta maquinaria estaba en uso y energizada en los momentos previos al ingreso de las autoridades.
“Es importante dejar en claro que dentro de las zonas de páramo cualquier actividad está prohibida, de acuerdo con la normatividad vigente”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, quien explicó que, en el sitio se observaron dos tolvas de 20 y 40 toneladas de capacidad para el acopio del material extraído, así como dos patios de madera, un campamento, un tanque para almacenamiento de aire comprimido y evidencias de corte y adecuación reciente de madera utilizada para el sostenimiento subterráneo.
El funcionario indicó que adicionalmente, durante la visita se documentó la generación de residuos peligrosos – RESPEL, almacenados en dos tambores metálicos de 55 galones utilizados para el almacenamiento de aceite usado, los cuales se encontraban dispuestos directamente sobre el suelo sin ningún tipo de protección y a la intemperie.
Y es que, según los hallazgos hechos por los técnicos de la UIGA durante el operativo, la disposición inadecuada de insumos y elementos químicos podría aumentar la afectación en la zona, pues se identificó un derrame de aceite usado proveniente de los contenedores el cual discurría por gravedad sobre el suelo, ya que al entrar en contacto con la lluvia produce una alteración de las propiedades físicas.
“El aceite usado vertido al suelo se infiltra primero por las capas superficiales del mismo y, con el tiempo por acción de la gravedad, se puede llegar a infiltrar en las capas más profundas e incluso podría llegar a afectar la calidad del agua subterránea. En consecuencia, la gestión inadecuada del aceite usado y/o materiales contaminados con éste, así como su disposición a cielo abierto, afecta considerablemente los recursos hídricos y del suelo”, explicó Ballesteros.
El balance de los daños ocasionados por el desarrollo de actividades mineras en zonas de páramo se extiende a otros recursos, como por ejemplo la flora, por la remoción de la cobertura vegetal, que en este caso se extiende a un área de aproximadamente 0,18 hectáreas, ubicadas en el interior del Páramo de Rabanal - Río Bogotá, siendo un ecosistema estratégico que proporciona hábitat para diversas especies.
En términos de fauna, cabe recordar que los ecosistemas de páramo son hábitat de múltiples especies que han desarrollado adaptaciones particulares para sobrevivir a las condiciones extremas propias de estos entornos, como las bajas temperaturas, la radiación solar intensa y la limitada disponibilidad de oxígeno, siendo que una proporción significativa de estas especies es endémica, es decir, exclusiva de los páramos.
Y desde luego, la explotación de carbón mineral subterráneo ocasionó una alteración significativa en el recurso paisaje de páramo, especialmente por el marcado cambio cromático que produce sobre el entorno natural. Las zonas intervenidas presentan tonalidades oscuras y opacas, predominando los grises y negros característicos del material extraído y de los residuos del proceso minero, en contraste con los colores verdes y terrosos de las áreas aledañas no afectadas.
Por lo anterior, la Corporación impuso una medida preventiva justificada en el hecho de que la actividad fue sorprendida en flagrancia y además está prohibida en zona de páramo por su alto impacto sobre los recursos naturales. Por su parte, las autoridades del orden formalizaron la captura de tres personas que fueron trasladadas al municipio de Ubaté para su correspondiente judicialización ante la Fiscalía General.
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