PGN - La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la destitución e inhabilidad por 14 años proferida contra el señor Guillermo Mauricio Martínez Duque, en su condición de alcalde municipal de San Francisco (Cundinamarca), por irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.
El primer cargo señala que el mandatario recaudó $193.151.516 durante los años 2010 y 2011 por concepto del gravamen denominado “estampilla pro adulto mayor” y utilizó dichos recursos en servicios o actividades diferentes, teniendo en cuenta que estos ostentaban la condición de destinación específica.
La segunda conducta reprochada por el Ministerio Público está relacionada con la celebración de un contrato de obra para realizar unas adecuaciones de las instalaciones del comedor del Programa Juan Luis Londoño, las cuales no se ejecutaron.
La determinación disciplinaria señala que el servidor no exigió el cumplimiento del contrato lo que demuestra "(…) la falta de consideración en el cuidado que se debe tener sobre el manejo y disposición de los recursos del Estado”.
Finalmente, la Procuraduría halló responsable al señor Martínez Duque de contratar de manera verbal los servicios de un particular para que construyera una rejilla de cemento, y hierro por $1.500.000 en una de las veredas del municipio de San Francisco, obra que se ejecutó pero que no fue pagada al contratista.
Las pruebas recaudadas en este proceso disciplinario demuestran que, contrario a lo señalado por el exmandatario en su defensa, realmente contrató de manera verbal los servicios de un particular vulnerando las normas que regulan la contratación estatal.
La determinación disciplinaria de primera instancia quedó en firme teniendo en cuenta que contra esta decisión no se interpuso recurso de apelación.
La segunda conducta reprochada por el Ministerio Público está relacionada con la celebración de un contrato de obra para realizar unas adecuaciones de las instalaciones del comedor del Programa Juan Luis Londoño, las cuales no se ejecutaron.
La determinación disciplinaria señala que el servidor no exigió el cumplimiento del contrato lo que demuestra "(…) la falta de consideración en el cuidado que se debe tener sobre el manejo y disposición de los recursos del Estado”.
Finalmente, la Procuraduría halló responsable al señor Martínez Duque de contratar de manera verbal los servicios de un particular para que construyera una rejilla de cemento, y hierro por $1.500.000 en una de las veredas del municipio de San Francisco, obra que se ejecutó pero que no fue pagada al contratista.
Las pruebas recaudadas en este proceso disciplinario demuestran que, contrario a lo señalado por el exmandatario en su defensa, realmente contrató de manera verbal los servicios de un particular vulnerando las normas que regulan la contratación estatal.
La determinación disciplinaria de primera instancia quedó en firme teniendo en cuenta que contra esta decisión no se interpuso recurso de apelación.