El olvido y la pobreza dejan huellas imborrables en los cuerpos

Los cementerio de San José de Belén (Huila) y de Puerto
Bogotá (Cundinamarca) revelan la marginalidad en el Magdalena:
 Foto: Germán David Rodríguez.

agenciadenoticias.unal.- El cementerio ubicado en Puerto Bogotá, Cundinamarca, frente a la cálida ciudad de Honda, en el Tolima, se halló en procesos de arqueología preventiva, en el marco de la construcción de una vía 5G a cargo de la Concesión Alto Magdalena. El antropólogo Germán David Rodríguez Avellaneda, egresado de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), participó en la excavación y el análisis de laboratorio, como parte de su investigación para la Maestría en Antropología.

Según la arqueóloga Érika Lucía Gutiérrez, encargada del proyecto de arqueología preventiva, del cementerio se excavaron 160 esqueletos que presentaban un “patrón de olvido”, pues no se hallaron lápidas, féretros ni documentos funerarios asociados con las sepulturas, indicios de que se trataba de personas marginadas o que no contaban con recursos económicos.

El sitio arqueológico presentaba dos “periodos” de sepultura: el republicano, al que pertenecen la mayoría de los individuos, y el prehispánico, durante el cual aparentemente se sepultaron indígenas del grupo Panche. También se identificaron tres periodos: el uso del cementerio por los panches, el uso del cementerio en el periodo republicano, y el uso del terreno del cementerio para construir una porción de Puerto Bogotá.

El antropólogo Rodríguez estudió 102 casos: 87 del periodo republicano y 15 previos a la Conquista, buscando comprender si el olvido había dejado huellas en los huesos de los republicanos y si existían diferencias drásticas entre la salud de los antiguos y los modernos. En los primeros se hallaron menos mujeres, la orientación era variada, mientras que solo cuatro, que serían chamanes, estaban enterrados boca abajo y con vasijas.

La orientación de los cuerpos enterrados hacia el este
era una tradición de la Iglesia católica.
 Foto: Germán David Rodríguez.

Entre sus hallazgos reporta que la mayoría de los modernos estaban enterrados en “posición devota”, al estilo cristiano, con la cabeza hacia el este en dirección a la iglesia, según la reglamentación de la época con aquellos que no eran enterrados en las iglesias. En los restos había algunos botones, especialmente de hueso y sintéticos, asociados con los hombres, y un par de clavos metálicos, asociados con entierros de niños, lo que indicaría el uso de féretros artesanales en los infantes y un acceso limitado a ataúdes. Tanto los más pequeños como las mujeres tenían un trato más cuidadoso en su enterramiento.

En los huesos y los dientes el investigador halló un alto índice de caries y cálculos, lo que indica una dieta alta en carbohidratos; presentaban muy pocos traumas –especialmente los hombres adultos–, una leve presencia de huellas infecciosas en los jóvenes, y un posible caso de sífilis juvenil.

Una de las conclusiones más importantes del autor fue que la población sí era marginada cultural y espacialmente, pero la evidencia en los huesos indica que las personas usaron los recursos del río Magdalena, como la pesca, para tener una mejor calidad de vida.

Además, el arqueólogo Rodríguez aplicó por primera vez el enfoque de la “bioarqueología de la marginalidad” propuesto en 2019 por las investigadoras Madeleine Mant, Alyson Jaagumagi Holland y Carlina de la Cova, quienes establecen la marginalidad como un proceso en el que se “periferalizan” los cuerpos (lo que es evidente en Puerto Bogotá) y se pierde la individualidad, hecho observable en los enterramientos estudiados. El enfoque postulado por las autoras mencionadas y aplicado por el investigador de la UNAL busca evaluar cómo la marginalidad afecta tanto en la vida –dejando huella en los huesos– como en la muerte, observable en las sepulturas.

Los enterramientos prehispánicos no tenían una orientación definida
y solo cuatro cuerpos estaban bocabajo.
 Foto: archivo Unimedios.

La historia en los huesos

En Colombia los cementerios y lugares de enterramiento han tenido múltiples procesos investigativos de bioantropología. Los estudios en la Iglesia de Santa Inés (Bogotá), la Catedral de Nuestra Señora de La Pobreza (Pereira), el Templo La Candelaria (Bogotá) y el Globo B del Cementerio Central (Bogotá) son solo algunos de los espacios en donde se han desarrollado estos trabajos. Sin embargo los cementerios rurales han sido menos estudiados.

Solo hasta 2012 se presentó un análisis bioarqueológico pionero sobre un cementerio pequeño y olvidado: el Cementerio de San José de Belén. Fruto de este trabajo, los investigadores José Vicente Rodríguez, profesor del Departamento de Antropología de la UNAL, Arturo Cifuentes y Gustavo Cabal publicaron el libro Arqueología en el “valle de la Tristura”, sur del Alto Magdalena, Huila.

Este cementerio se encontró en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica El Quimbo (CHEQ), en el Alto Magdalena. Además se excavaron dos áreas asociadas con el cementerio, una en el sitio Casas Viejas, que estaba cubierta de maleza, y otra en la periferia de la iglesia. De este cementerio se excavaron 23 tumbas y se recuperaron 22 individuos.

La población prehispánica mostró una baja presencia de caries en
comparación con otras poblaciones del mismo periodo.
 Foto: archivo Unimedios.

El análisis bioantropológico de estos esqueletos reveló que casi todos tenían caries y enfermedad articular degenerativa, una forma de desgaste en las articulaciones. Además se reportó un posible caso de homicidio a un individuo que presentaba una fractura muy particular en el cráneo, y un posible caso de la enfermedad de Osgood-Schlatter, pues el individuo tenía lesiones en las rodillas que recuerdan a los marinos y labriegos del siglo XVIII, que levantaban objetos pesados desde muy niños.

Por último, junto a los individuos se hallaron dos medallitas de latón, 7 botones de baquelita (un tipo de plástico), 3 de hueso y uno metálico. Además de esto, la cabeza de los esqueletos estaba orientada hacia el este, y estaban enterrados boca arriba, con las manos en reposo sobre el abdomen, muy al estilo cristiano.

El autor indica que la baja presencia de elementos asociados –como las monedas o los objetos religiosos– indica que son individuos de menor categoría social, como marginados. La cantidad de caries, por otro lado, indica que ingerían una gran cantidad de carbohidratos, mientras que el posible homicidio y las lesiones en rodillas señalarían periodos de violencia y exceso de carga física desde la infancia.

Este importantísimo sitio arqueológico también se registra en el libro de 2016 Vida y muerte en el sur del Alto Magdalena, Huila: Bioarqueología y cambio social, del profesor José Vicente Rodríguez, junto con Amparo Ariza, Gustavo Cabal y Ferney Caldón, y el texto de 2018 El Huila milenario: Paisajes, pueblos y culturas en el sur del Alto Magdalena, del profesor José Vicente Rodríguez como único autor.

El antropólogo Germán David Rodríguez aplicó la bioantropología a
los restos hallados en Puerto Bogotá.
 Foto: Germán David Rodríguez.

Por eso, en su trabajo de maestría el investigador Rodríguez Avellaneda retoma el trabajo de José Vicente Rodríguez con el Cementerio de San José de Belén, siendo este último el único otro cementerio “marginal” del país con el que habría puntos de comparación válidos. Las conclusiones de la comparación evidencian dos sitios similares, de poblaciones olvidadas y con pocos elementos fúnebres, asociadas con el Magdalena y que ponen sobre la mesa la enorme importancia de abordar a “los otros” o “los olvidados” desde la arqueología y la bioantropología.

Los trabajos del doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, profesor del Departamento de Antropología, y Germán David Rodríguez Avellaneda, magíster en Antropología Biológica de la UNAL, representan una contribución muy valiosa hacia el entendimiento de los procesos socioculturales y de estados de salud de sociedades excluidas en el pasado, brindando una postura analítica integral que combina la Antropología Biológica, la Arqueología y la Historia.

4.000 millones impulsan el desarrollo comunitario de las J.A.C.

 

Gobierno invierte más de $7 mil millones en el colegio donde estudió el Nobel Gabriel García Márquez

Ya se iniciaron las obras en l​a Institución Educativa Municipal San Juan Bautista
de La Salle, de Zipaquirá, que se proyecta convertirse en colegio-universidad
para el beneficio de las y los estudiantes de Cundinamarca.

Gracias a una inversión del Gobierno nacional que supera los $7 mil millones, la Institución Educativa Municipal San Juan Bautista de La Salle, en Zipaquirá (Cundinamarca), y conocida por haber sido el colegio del Nobel Gabriel García Márquez y del presidente Gustavo Petro, inicia una transformación sin precedentes que le permitirá convertirse en colegio-universidad para beneficio de las y los estudiantes de esta zona del departamento.

De hecho, el presidente Petro, en su cuenta de X, destacó que “este colegio público dio varios presidentes y el premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Decidimos volver el colegio San Juan Bautista de la Salle en Zipaquirá, un colegio/universidad y será nodo en el conocimiento de inteligencia artificial".

La obra, ejecutada por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación Nacional, contempla una intervención integral en espacios fundamentales como los bloques académicos, laboratorios, coliseo, comedor, cocina, baños, redes eléctricas e hidrosanitarias y zonas exteriores. Con ello, se busca garantizar condiciones dignas, seguras y modernas para los más de 2.000 estudiantes que actualmente hacen parte de esta comunidad educativa.

Además de la renovación física, el proyecto incluye una ambiciosa apuesta académica: la transición hacia el modelo colegio-universidad, que articulará la educación media con la formación profesional. Este enfoque permitirá que los jóvenes accedan desde el colegio a programas de educación superior, ampliando sus oportunidades y conectando los saberes escolares con las demandas del mundo contemporáneo.

La intervención, esperada por generaciones, responde a una deuda histórica con una institución que durante más de 50 años ha sido semillero de líderes, ciudadanos y educadores. Muchas de sus aulas no habían sido intervenidas estructuralmente en décadas, y esta renovación representa no solo una mejora en infraestructura, sino un acto de justicia con una comunidad que ha sostenido, a pulso, el compromiso con la educación pública.

El contrato de obra fue adjudicado al Consorcio El Rosario por un valor de $6.436.540.125, con un plazo de ejecución de seis meses que inició el 5 de junio de 2025 y culminará el 4 de diciembre de este mismo año. La interventoría, a cargo de Moralba Sánchez Ordoñez, tiene un valor adicional de $647.779.057. Durante los primeros días de obra ya se han ejecutado demoliciones, retiro de cubiertas, exploración de suelos y ajustes de diseño para aulas y laboratorios, todo bajo normas de seguridad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

Con esta intervención, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con cerrar brechas, fortalecer instituciones emblemáticas y garantizar el derecho a una educación pública de calidad.

Gobierno inicia plan integral de reconstrucción en Paratebueno y Medina

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con diversas entidades del Estado, instaló la mesa interinstitucional para la reconstrucción arquitectónica de los municipios de Paratebueno y Medina, Cundinamarca, afectados por el sismo ocurrido el pasado 8 de junio.

El plan de acción se inicia con el Registro Único de Damnificados (RUD), que permitirá contar con una base de datos oficial de las familias afectadas. Posteriormente, se adelantará el cruce de información con los catastros municipales para identificar el estado de las viviendas y determinar el número de beneficiarios.

De forma paralela, se activarán los mecanismos de financiamiento y se definirán las tipologías constructivas adecuadas para cada contexto. Las entidades responsables –entre ellas, los ministerios de Vivienda, Educación y Hacienda y la UNGRD– iniciarán los trámites técnicos, administrativos y presupuestales necesarios para avanzar en la ejecución del plan, con base en los estudios del Servicio Geológico Colombiano.

“La respuesta del Gobierno no se limita a la atención inmediata. Estamos construyendo soluciones duraderas con enfoque territorial y equidad. El gran reto está en reconstruir en el menor tiempo posible, definiendo la tipología de la vivienda con un diseño asociado al urbanismo y a la cultura del territorio. Mientras se ejecuta este plan, la UNGRD adelanta el proceso de subsidio, pago de arriendos y comedores populares de emergencia", afirmó Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD.

Esta hoja de ruta se activa luego del diagnóstico técnico de los daños y la identificación de las principales necesidades de la población afectada, realizado por la Gobernación de Cundinamarca. Las líneas de acción priorizadas incluyen la reconstrucción de viviendas, la intervención de infraestructura educativa y la recuperación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico.

Durante la sesión, realizada en la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, participaron representantes de los ministerios de Vivienda, Educación y Hacienda, Camacol, Minuto de Dios y entidades sectoriales encargadas de dar respuesta en cada frente.

A partir de este fin de semana, el trabajo continuará con la activación de cuatro mesas técnicas que funcionarán de manera paralela para avanzar en el proceso de reconstrucción.

Con esta ruta de trabajo el Gobierno reafirma su compromiso con las comunidades de Paratebueno y Medina, avanzando en una reconstrucción integral que recupere no solo las estructuras físicas, sino también el bienestar, la seguridad y la dignidad de sus habitantes.

4.000 millones impulsan el desarrollo comunitario de las J.A.C.

Golpe a la mafia: Agencia Nacional de Tierras recupera 3.000 hectáreas usadas por el narcoparamilitarismo en Puerto Salgar

La Agencia Nacional de Tierras realiza la aprehensión material de cuatro fincas, el equivalente a 32 predios, que fueron centro de operaciones de narcotraficantes como Cristian Fernando Borda Gómez, alias ‘El Harlista de la Mafia’ y corredor de estructuras armadas al margen de la ley, a través del que movilizaban sus economías ilegales.

Desde esos predios recuperados se llegaron a mover 12 toneladas de cocaína al mes. 

El Gobierno del Nacional, a través de la ANT, recupera para el campesinado las fincas desde donde grandes capos del narcotráfico dirigieron sus negocios ilícitos y criminales, las cuales siguieron ocupadas durante décadas por testaferros.

“No venimos a legitimar mafias, venimos a recuperar tierras y devolvérselas al campesinado. Solicitaremos las investigaciones necesarias, porque las tierras del Estado deben estar al servicio del pueblo”, afirmó Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Cada metro recuperado en Puerto Salgar es una victoria sobre la impunidad y un paso firme por el futuro. Donde antes hubo helicópteros clandestinos, ahora habrá arados; donde se movieron más de 12 toneladas de droga, se moverán bultos de alimentos; donde se planearon masacres, se cultivará paz.

La Agencia Nacional de Tierras —ANT—, en articulación con autoridades judiciales, policiales y administrativas, lideró la aprehensión material de las fincas Valle Escondido, Bellavista, La María y La Arcadia, que suman cerca de 3.000 hectáreas distribuidas en 32 predios, en zona rural de Puerto Salgar, Cundinamarca, desde donde operaron y fueron refugio de capos del narcotráfico como los hermanos Ochoa y Rodríguez Orejuela, además de Gonzalo Rodríguez Gacha.

Uno de los casos más emblemáticos asociados a estos predios es el de Cristian Fernando Borda Gómez, alias ‘El Harlista de la Mafia’, extraditado a Estados Unidos en 2009 por su papel como articulador de envíos masivos de cocaína, en anuencia con los ‘Mellizos’ y los jefes paramilitares ‘Macaco’ y ‘Cuco Vanoy’. 

‘El Harlista’ dirigía operaciones de exportación desde Medellín, La Dorada y, especialmente, Puerto Salgar, moviendo hasta 12 toneladas mensuales del producto ilícito.

Gracias al convenio suscrito entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la ANT fue posible recuperar los predios que antes estuvieron en manos del narcotráfico y estructuras criminales; ahora serán puestos al servicio de las comunidades campesinas. 

En el primer día de operativos, el director general de la ANT, Juan Felipe Harman, aseguró que, una vez más, el poder local está al servicio de la ilegalidad: “Mientras adelantamos la recuperación de predios que fueron del ‘Harlista de la Mafia’ y que hoy ocupa ilegalmente Jorge Pérez Sicacha, nos encontramos con una institucionalidad que alcahuetea”.

Asimismo, dejó claro: “No venimos a legitimar mafias, venimos a recuperar tierras y devolvérselas al campesinado. Solicitaremos las investigaciones necesarias, porque las tierras del Estado deben estar al servicio del pueblo”.

El convenio interinstitucional permite que predios incautados en procesos de extinción de dominio sean destinados a la Reforma Agraria, garantizando su uso con fines sociales y productivos. En Puerto Salgar, la alianza entre la SAE y la Agencia ha sido clave para transformar antiguas rutas de ilegalidad en territorios de vida, producción campesina y paz, dejando claro el compromiso del Gobierno nacional con la justicia social y la reparación histórica en los territorios más golpeados por el conflicto armado.

 Puerto Salgar ha sido utilizado como centro logístico, corredor de transporte de drogas ilícitas y enclave de operaciones de estructuras criminales, incluyendo las extintas Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bandas de microtráfico y redes narcoparamilitares.

El pasado de las cuatro fincas

Las fincas ahora recuperadas por el Gobierno de Gustavo Petro sirvieron como centro de operaciones del narcotráfico, de acopio y tránsito de marihuana y cocaína, base logística para grupos paramilitares y espacio de dominio territorial sobre poblaciones vulnerables y que habría sido refugio para jefes narcotraficantes, como Gonzalo Rodríguez Gacha, los ‘Mellizos’, los hermanos Ochoa, entre otros.

Cada metro recuperado en Puerto Salgar es una victoria sobre la impunidad y un paso firme por el futuro. Donde antes hubo helicópteros clandestinos, ahora habrá arados; donde se movieron más de 12 toneladas de droga, se moverán bultos de alimentos; donde se planearon masacres, se cultivará paz.

Una intervención que transforma la sociedad

Con esta intervención estratégica, el Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Tierras, reafirma su autoridad sobre el territorio y su compromiso con la justicia agraria y la legalidad. La presencia institucional de la Agencia en este proceso representa no solo la recuperación física de los predios, sino un acto de reparación territorial y simbólica en zonas históricamente cooptadas por el crimen.

En Puerto Salgar, donde el abandono fue política en gobiernos anteriores al de Gustavo Petro, llega la Reforma Agraria como decisión de Estado. Donde antes hubo violencia, ahora florece la agricultura. 

Puerto Salgar recupera sus tierras para que las campesinas y los campesinos siembren la Colombia que todos sueñan. Son cerca de 3.000 hectáreas libres que servirán para producir alimentos, generar empleo y construir comunidad. La verdadera riqueza de la tierra está en las manos trabajadoras del campesinado. 

El municipio cundinamarqués no había sido prioridad en ninguna política de desarrollo rural. Hoy, con el liderazgo de la máxima autoridad de tierras de la Nación, estos terrenos pasarán a formar parte del Banco de Tierras. Los predios serán destinados a víctimas del conflicto armado y comunidades rurales para que vivan en territorios de paz.