El cual pretendía obligar a los Colombianos que, para ser elegidos como Concejales, Alcaldes, Diputados y o Gobernadores, de sus respectivos entes territoriales, inclusive de los más pobres de Colombia, se debía contar con Título Profesional y de Especialización, situación que según el Representante Caicedo condiciona el artículo 40 de la Constitución Política que expresa que “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Para hacer efectivo este derecho puede: Elegir y ser elegido…” y que a la vez se convierte en un mensaje negativo en un país que está buscando la defensa de las libertades y la igualdad de oportunidades.
Luego de la aprobación por parte de la Comisión Primera, 19 votos a favor y 5 en contra, Caicedo manifestó: “que en adelante, hay que imponerle al Estado la responsabilidad de generar la universalización de la Educación, garantizar que la mayoría de los colombianos puedan tener acceso a la educación básica, técnica, tecnológica y profesional y cuando le demos éstas garantías a la gente, ahí si podamos aprobar una reforma constitucional que imponga obligaciones a los candidatos a estas Corporaciones”.
