El cual pretendía obligar a los Colombianos que, para ser elegidos como Concejales, Alcaldes, Diputados y o Gobernadores, de sus respectivos entes territoriales, inclusive de los más pobres de Colombia, se debía contar con Título Profesional y de Especialización, situación que según el Representante Caicedo condiciona el artículo 40 de la Constitución Política que expresa que “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Para hacer efectivo este derecho puede: Elegir y ser elegido…” y que a la vez se convierte en un mensaje negativo en un país que está buscando la defensa de las libertades y la igualdad de oportunidades.
Luego de la aprobación por parte de la Comisión Primera, 19 votos a favor y 5 en contra, Caicedo manifestó: “que en adelante, hay que imponerle al Estado la responsabilidad de generar la universalización de la Educación, garantizar que la mayoría de los colombianos puedan tener acceso a la educación básica, técnica, tecnológica y profesional y cuando le demos éstas garantías a la gente, ahí si podamos aprobar una reforma constitucional que imponga obligaciones a los candidatos a estas Corporaciones”.
En la ponencia presentada el representante Caicedo, deja claro que esto no implica que quienes aspiren a estos cargos de elección popular no tengan que formarse para ejercer estas dignidades, porque esto se convierte en una obligación moral y ética con su electorado y sus territorios, pero sin cercenar la libertad de las demás personas que no cuentan con estudios, pero que lideran procesos en cada una de las instancias de participación y a quienes no se les debe negar la oportunidad de acceder al derecho de elegir y ser elegido.
“Mientras la Educación en nuestro país sea un privilegio y no se garantice como un DERECHO no es procedente que quienes no hayan logrado estudiar no puedan ser elegidos en cargos de elección popular”. Enfatizó el Representante José Caicedo.
En la ponencia presentada el representante Caicedo, deja claro que esto no implica que quienes aspiren a estos cargos de elección popular no tengan que formarse para ejercer estas dignidades, porque esto se convierte en una obligación moral y ética con su electorado y sus territorios, pero sin cercenar la libertad de las demás personas que no cuentan con estudios, pero que lideran procesos en cada una de las instancias de participación y a quienes no se les debe negar la oportunidad de acceder al derecho de elegir y ser elegido.
“Mientras la Educación en nuestro país sea un privilegio y no se garantice como un DERECHO no es procedente que quienes no hayan logrado estudiar no puedan ser elegidos en cargos de elección popular”. Enfatizó el Representante José Caicedo.
