Expo Cundinamarca

En Zipaquirá la expansión urbana incrementa la presión sobre ríos y quebradas

Con las modificaciones al POT en zonas suburbanas el índice de ocupación (IO) pasó del 20 al 40%. Foto: Michael Runkel / Robert Harding Rf / Robertharding vía AFP.

La investigación realizada por Juan Sebastián Fonseca, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que en Zipaquirá las modificaciones al POT en las áreas de transición entre lo urbano y lo rural (zonas suburbanas) duplicaron los índices de ocupación —del 20 al 40 %— entre las versiones de 2000 y 2003, lo que permitió urbanizar áreas concebidas originalmente para regular la expansión hacia suelos agrícolas y ecosistemas sensibles.

El estudio reconstruyó hasta el 2000 la historia hídrico-urbana de Zipaquirá y de la Sabana de Bogotá —conformada por 27 municipios—, analizando los cambios en el uso del suelo y su relación con las fuentes de agua.

“Encontramos que la urbanización temprana del municipio siguió lógicas territoriales heredadas de los periodos muisca y premuisca, y que durante la colonia se consolidó una división espacial entre el ‘pueblo de blancos’ y el ‘pueblo de indios’, una forma temprana de segregación socioespacial. Esa separación histórica sigue presente hoy en la manera en que se han transformado los suelos agrícolas en áreas residenciales, muchas de ellas ubicadas sobre rondas de ríos y quebradas”, afirma el magíster.

Al superponer las cartografías del POT se evidenció que la ciudad continúa las dinámicas de segregación socioespacial sobre suelos agrícolas y rondas hídricas. Foto: SOS Amoladero.

En ese contexto, el crecimiento urbano reciente se ha concentrado en el noroccidente del municipio, en donde se desarrollaron proyectos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP). Como consecuencia, zonas cercanas a las quebradas El Molino y El Amoladero han perdido franjas verdes y suelos productivos, que han sido reemplazados por urbanizaciones cerradas y proyectos de alta densidad, con edificaciones de hasta 12 pisos que ejercen presión directa sobre estos cuerpos de agua.

El investigador también revisó los POT de 2000, 2003 y 2013, comparando sus disposiciones con la expansión real de la ciudad mediante cartografía y análisis normativo. Este ejercicio le permitió evidenciar cómo las modificaciones sucesivas facilitaron el avance urbano sobre zonas originalmente destinadas a contención, y cómo en la franja de expansión se concentraron conflictos entre dinámicas urbanas y sistemas hídricos, documentados a partir de las percepciones de actores sociales y comunitarios.

“Al superponer las cartografías de los diferentes POTs evidenció que la ciudad ha mantenido las mismas dinámicas de segregación socioespacial sobre suelos agrícolas y rondas hídricas, generando nuevas conflictividades sin darles manejo. Esa lectura permitió ver que el instrumento no solo quedó desactualizado, sino que además no ha logrado concretar un modelo de ciudad armonioso con el agua, ni en el papel ni en la práctica”, señala el magíster Fonseca.

La coexistencia de un alcantarillado mixto, donde confluyen aguas residuales y pluviales, incrementa la carga contaminante. Foto: archivo Unimedios.

El agua sin “voz” en la planeación

La ausencia de una visión integral del agua en el POT se refleja directamente en el sistema de acueducto de Zipaquirá. El municipio se abastece de una planta de tratamiento regional que comparte con Nemocón y Cogua, a través de redes de distribución instaladas hace décadas. Más del 30 % del agua tratada se pierde por fugas, superando los límites legales permitidos, y una gran parte de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado —formulado en 2011— sigue sin ejecutarse, a pesar de haber superado su horizonte de planeación.

A esta situación se suma una distribución desigual del recurso: mientras los barrios tradicionales enfrentan cortes frecuentes, los nuevos conjuntos residenciales son priorizados, lo que refleja que la expansión urbana ha avanzado sin considerar la capacidad hídrica real del territorio.

Este escenario convierte el manejo del agua en un problema integral, en el que, además de las dimensiones ambientales y sociales mencionadas, se cruzan las culturales, pues la transformación de suelos agrícolas ha erosionado la identidad campesina y debilitado el vínculo histórico de la población con el agua como sustento de vida.

Una torre de Babel institucional

El caso de Zipaquirá es representativo de lo que ocurre en varios municipios pequeños de la Sabana de Bogotá que enfrentan limitaciones técnicas e institucionales para actualizar y ejecutar sus instrumentos de ordenamiento. Su POT, expedido en el 2000, tuvo modificaciones excepcionales en 2003 y 2013, pero debió ser objeto de una revisión estructural en 2012, lo que no ocurrió. Como resultado, hoy opera desactualizado y sin incorporar integralmente resoluciones ambientales recientes de entidades como la CAR o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni fallos judiciales como la sentencia que ordena el saneamiento del río Bogotá.

La expansión ha afectado zonas cercanas a la quebrada El Molino y El Amoladero. Foto: SOS Amoladero.

Este rezago ha creado un campo normativo ambiguo, en el que las administraciones locales pueden otorgar licencias con base en el POT, en circulares internas o en otras normatividades que no están articuladas coherentemente entre sí. Las tensiones con el nivel nacional —ambiental, agrario y cultural, dado que el centro histórico es patrimonio nacional— se superponen sin una jerarquía clara, generando vacíos y conflictos regulatorios.

“Esto ha derivado en una verdadera torre de Babel institucional que dificulta la gestión sostenible y abre espacios a prácticas discrecionales, por ejemplo en el licenciamiento”, advierte el investigador.

A este problema institucional se suma la precariedad de la infraestructura sanitaria. Zipaquirá no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) plenamente funcional, el sistema actual, basado en una laguna de oxidación diseñada en el POT del 2000, rebosa en temporada de lluvias y descarga directamente al río Bogotá.

“La coexistencia de un alcantarillado mixto, donde confluyen aguas residuales y pluviales, incrementa la carga contaminante y limita la capacidad de respuesta frente al crecimiento poblacional”, indica el magíster.

Por otra parte, la presión sobre el recurso hídrico trasciende las fronteras municipales. Zipaquirá depende en parte de la cuenca del río Neusa, compartida con otros municipios de la Sabana, lo que evidencia la falta de articulación regional en la planeación.

Ciudadanía y territorios sensibles al agua

La investigación del magíster Fonseca también identificó procesos comunitarios que han surgido como respuesta a las deficiencias institucionales. En la quebrada El Amoladero, por ejemplo, habitantes de la zona se han organizado para defender la ronda hídrica y proponer alternativas locales de manejo, articulando prácticas cotidianas con una visión territorial del agua.

En Zipaquirá la expansión urbana ha llevado a un aumento de la presión sobre rondas

de ríos y quebradas, y pérdidas en el sistema de acueducto. Foto: SOS Amoladero.

Tales hallazgos evidencian que la planeación urbana, particularmente en Zipaquirá, enfrenta una debilidad estructural en el desconocimiento del agua como eje central del territorio. Así mismo, sin la actualización de los POT y su articulación con normas ambientales y resoluciones judiciales, los municipios seguirán expuestos a crisis de abastecimiento, deterioro de ecosistemas y conflictividades sociales ligadas a su dimensión hídrica en su expansión.

Así, la investigación concluye que el agua no solo es un recurso sino un actor territorial que configura la forma en que se habita el territorio, que cumple un rol desde lo ambiental, cultural, político y simbólico, y que opera en diferentes escalas, de lo local a municipal y regional.

Heiner Gaitán Parra participa el 26 en la Consulta del Pacto

 Heiner Gaitán espera fortalecer la representación de sectores populares en el Congreso. Enfocándose en temas como la educación pública, los derechos humanos, la justicia ambiental y el control político. Gaitán busca liderar la lista del Pacto Histórico en las elecciones de marzo.

El exconcejal de Soacha y líder social departamental Heiner Gaitán Parra ha anunciado su precandidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca, representando al Pacto Histórico. Esta movida busca fortalecer la representación de sectores populares en el Congreso, enfocándose en temas como la educación pública, los derechos humanos y la justicia ambiental, según ha expresado el propio Gaitán, quien es además el llamado a liderar la lista.

Nacido en Soacha, Gaitán ha construido una trayectoria que combina formación académica, activismo comunitario y servicio público. Graduado como politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Gestión y Planificación Urbana Regional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), ha aplicado sus conocimientos en iniciativas locales. Desde su juventud, participó en el movimiento estudiantil a través de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) y en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), donde promovió la participación juvenil y ambiental en Soacha y otros municipios de Cundinamarca.

Durante su período como concejal municipal de Soacha (2020-2023), Gaitán se destacó como el concejal más visible. Allí, combinó la oposición a la administración con un enfoque en la promoción de políticas relacionadas con la educación, la cultura, el medio ambiente, la tributación justa y el ordenamiento territorial. Enfrentó casos de corrupción y abogó por un desarrollo urbano más equitativo, lo que le permitió ganar visibilidad entre la población local. En 2023, su candidatura a la alcaldía de Soacha, respaldada por el Pacto Histórico y sectores ciudadanos, obtuvo más de 21.000 votos, un resultado que, aunque no le dio la victoria, demostró un apoyo significativo en un contexto electoral competitivo.

Recientemente, en su rol en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Gaitán impulsó la redistribución de bienes incautados a organizaciones criminales, destinándolos a víctimas del conflicto, comunidades vulnerables y universidades públicas (dentro de la cuales se ubican las nuevas sedes universitarias en Soacha). Gestor desde la SAE del lote para la Universidad de Cundinamarca y junto al ministro de educación Daniel Rojas Medellín logró que la Universidad Industrial de Santander UIS asumiera el CAM que será ahora un centro de estudios profesionales para los jóvenes de Soacha y sus alrededores cundinamarqués 

Esta experiencia, le ha proporcionado herramientas para promover la justicia social a través del ejercicio ejecutivo en el Estado.

La precandidatura de Gaitán se presenta como una opción para amplificar las voces de la ciudadanía general y de grupos históricamente marginados en Cundinamarca, como campesinos, jóvenes, mujeres y trabajadores de los municipios periféricos. Gaitán enfatiza que su enfoque será ético y territorial: "La política debe servir a la gente de base, no a intereses particulares. Mi compromiso es llevar al Congreso las necesidades reales de Cundinamarca para impulsar cambios concretos en equidad y sostenibilidad".

Voces de la política regional ven en esta precandidatura una oportunidad para el Pacto Histórico de consolidar su presencia en Cundinamarca, un departamento clave por su proximidad a Bogotá y sus desafíos en desigualdad y desarrollo rural.

Con su participación en la consulta interna del Pacto Histórico que se llevará a cabo el 26 de octubre en la que parte como favorito para liderar la lista cerrada de dicha colectividad, Gaitán busca posicionarse como un puente entre las luchas locales y la legislación nacional, en un momento en que Colombia debate reformas estructurales. Sus seguidores destacan su experiencia en la base como un factor diferenciador, mientras que desde fuera sugieren que su trayectoria podría atraer a electores independientes interesados en una representación más inclusiva

La consulta del Pacto Histórico se desarrollará el domingo 26 de octubre. En dicha consulta cualquier colombiano mayor de edad podrá votar en sus puntos habituales. 

Gaitán es el número 3 del tarjetón a Cámara de representantes del Pacto Histórico en Cundinamarca

MEDIA MARATÓN DE CUNDINAMARCA.

Campesinos de Apulo, recibieron capacitación en el manejo integrado de sus cultivos

Participantes actividad en demostración de método.

Con la participación de 27 pequeños y medianos productores de cítricos y mango del sector rural en el municipio de Apulo, la administración municipal y en conjunto con los técnicos y profesionales del equipo de Sanidad Vegetal y de Extensión Fitosanitaria del ICA seccional Cundinamarca, se realizó una jornada de sensibilización y día de campo con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el manejo de riesgos fitosanitarios presentes en estos sistemas productivos.

Durante la jornada se realizaron talleres teórico-prácticos con demostraciones de método, explicando a los asistentes cómo utilizar las diferentes alternativas de control para gomosis en árboles de cítricos, muerte descendente y mosca de la fruta en cultivo de mango y mecanismos de acción para disminuir población de la hormiga arriera.

Con estas actividades se entregan alternativas a hombres y mujeres, jóvenes del sector rural para el manejo y control de los posibles riesgos fitosanitarios presentes en sus cultivos, disminuyendo así costos de producción y mejorando rendimientos en sus cosechas, actividades que promueven prácticas amigables con el medio ambiente, uso eficiente de recursos y promoción de prácticas que conllevan al mejoramiento de la calidad de vida de productores campesinos y sus familias.

Golpe estructural a ‘Los del Parche’ señalados de dinamizar el tráfico local de estupefacientes en Ubaté

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a seis presuntos integrantes de Los del Parche, que estarían involucrados en el tráfico local de estupefacientes en Ubaté (Cundinamarca).

Las actividades investigativas realizadas de manera coordinada con la Sijin de la Policía Nacional dan cuenta de que estas personas, al parecer, se encargaban de promover la comercialización de marihuana, bazuco y cocaína en lugares públicos de fácil acceso, en entornos educativos; y en los barrios San José, Santa Bárbara, Juan José Neira y Ricaurte del municipio.

Por estos hechos, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca, les imputó de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargos que no fueron aceptados.

Entre los procesados estaría el presunto dinamizador principal de las actividades delictivas, se trata de Wilfredo José Guzmán Montero quien, al parecer, conformó todo un andamiaje a través de líneas telefónicas para coordinar la venta de las sustancias y comercializarlas mediante la modalidad de domiciliarios. De esta manera evadían los controles de la Policía.

Los demás procesados son: José Gregorio Riera López, Juan José Contreras Díaz, Adrián Alberto Guevara Perozo y Endry José Castro Araujo, que cumplían roles de distribuidores.

En diligencias de allanamiento y registro, uniformados de la Policía Nacional hicieron efectivas las órdenes de captura, y les incautaron celulares, dinero en efectivo, varias dosis de estupefacientes y elementos para procesar y dosificar las sustancias.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.