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La expansión urbana de Soacha ha reproducido, y no resuelto, la
desigualdad en el acceso al agua en el municipio.
Foto: archivo Unimedios. |
agenciadenoticias.unal.- Con más de 800.000 habitantes en el borde suroccidental de Bogotá, Soacha enfrenta una expansión urbana que ha profundizado la desigualdad en el acceso al agua potable.
Mientras los proyectos de vivienda formal crecieron con respaldo normativo, en los barrios informales miles de familias sobreviven con carrotanques o conexiones irregulares. Esta situación ocurre en medio de la presión ejercida por la migración y el rápido aumento poblacional sobre la demanda de servicios públicos.
En este territorio el crecimiento urbano ha estado marcado por tres dinámicas que muestran cómo la tensión entre la planificación urbana y las formas de ocupación del suelo reproduce desigualdades en el acceso al agua. En primer lugar, los macroproyectos de vivienda formal, como Ciudad Verde, incrementaron su densidad sin prever la demanda hídrica. El proyecto, que inicialmente contemplaba cerca de 42.000 unidades de vivienda, pasó a casi 50.000, lo que aumentó la presión sobre el acueducto de Bogotá, encargado de proveer alrededor del 90 % del agua del municipio.
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Los macroproyectos de vivienda formal, como Ciudad Verde, aumentaron
en densidad ingenieril sin prever la demanda hídrica.
Foto: archivo Unimedios. |
“Cada vez que se suman más unidades habitacionales se aumenta la demanda de agua; se construyeron proyectos con estudios de factibilidad y disponibilidad para un número determinado de unidades habitacionales, pero en su proceso ese número aumentó generando presión sobre la infraestructura y disponibilidad”, afirma Milady Garzón, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
A dicho problema se suma que los barrios informales se han consolidado y densificado sin ningún estudio de factibilidad y disponibilidad para prestación de servicios básicos, lo que deja a miles de familias sin acceso estable al agua; además en el territorio se presenta pobreza e inseguridad.
En barrios como Altos de la Florida, que se ha expandido fuera del perímetro urbano, el líquido llega en carrotanques 2 o 3 veces por semana. Ante esa precariedad, muchos hogares recurren a conexiones irregulares. “En los barrios informales primero se construyen las casas y luego, si acaso, llega el agua; esa ausencia de planeación hace que miles de familias dependan de carrotanques con costos mucho más altos que en los sectores formales”, precisa.
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En barrios como Altos de la Florida el agua llega en carrotanques, 2 o 3 veces por semana.
Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios. |
Para llegar a estas conclusiones, la magíster Garzón recorrió barrios formales e informales de Soacha, en donde observó cómo las familias acceden al agua y contrastó esa realidad con imágenes satelitales y con datos oficiales. Además revisó censos poblacionales para entender el crecimiento demográfico y consultó sobre la capacidad y disposición del agua en el territorio a entidades como la Alcaldía de Soacha y la Dirección de Servicios Públicos.
Con esta combinación de trabajo en terreno y análisis documental evidenció que, tanto en proyectos formales como en asentamientos informales, existen diferencias de infraestructura del servicio público de acueducto, limitando el acceso al agua ante la magnitud del crecimiento urbano. Así mismo, identificó un choque entre lo que dicta la normativa y lo que ocurre en la práctica.
Fragmentación institucional y tensiones normativas en el acceso al agua
Aunque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) exige que la expansión se realice solo dentro del perímetro urbano y bajo criterios de sostenibilidad, en la comuna de San Humberto se levantaron asentamientos informales fuera de esos límites y en zonas no habilitadas. Así, por no estar incluidos en la planeación oficial, estos barrios quedaron sin redes de agua ni alcantarillado, lo que limita el actuar institucional para suplir sus necesidades básicas.
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En la comuna de San Humberto se levantaron asentamientos informales
que quedaron sin redes de agua ni alcantarillado.
Foto: Milady Garzón, magíster en Gobierno Urbano de la UNAL. |
“La norma habla de sostenibilidad y de límites al crecimiento, pero la ciudad se sigue expandiendo en zonas de riesgo o no aptas para la ocupación, lo que deja a miles de familias fuera de la cobertura de servicios básicos; en esos casos construir infraestructura para proveer agua en zonas de difícil acceso conlleva elevados costos, de manera que las comunidades quedan relegadas de las soluciones”, explicó la magíster Garzón.
La fragmentación en la prestación del servicio agudiza la desigualdad, pues sin una empresa propia para gestionar el servicio, el suministro depende de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, mientras que en los barrios sin red la Dirección de Servicios Públicos asume la gestión, y las comunidades más vulnerables son las que asumen los costos de un esquema de prestación que no garantiza el goce efectivo del derecho al agua.
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Los macroproyectos en Soacha no se construyeron por una decisión
completamente local, sino determinada por el nivel nacional.
Foto: archivo Unimedios. |
“Además, los macroproyectos que transformaron el municipio no se construyeron por una decisión exclusivamente local, sino que el Gobierno nacional impulsó su ejecución mediante resoluciones, generando así tensiones administrativas y limitando la capacidad de las autoridades municipales para controlar el impacto sobre los recursos”, señala la investigadora.
Ante esto, la magíster concluye que el problema del agua en Soacha no se puede reducir a la infraestructura, ya que es un fenómeno multidimensional en el que confluyen la debilidad institucional, la presión demográfica, la continuidad de la informalidad y la expansión sin control. Si esta dinámica se mantiene, Soacha se perfila como un escenario de crisis urbana y ambiental.
