Bloqueos, represión policial y disturbios: ¿qué pasa en el municipio colombiano de Facatativá?

El municipio de Facatativá, ubicado a 36 kilómetros de Bogotá, se ha convertido en otro de los epicentros de la represión policial y los bloqueos viales por parte de manifestantes que llevan más de un mes de protestas en Colombia.

Manifestantes huyen de un cañón de agua durante los enfrentamientos con la policía en Colombia. 28 de mayo de 2021 - Santiago Mesa - Reuters

actualidad rt.- Este lunes, los medios locales reportan que hay algunas calles que siguen bloqueadas y las protestas persisten, aunque con menor intensidad que durante la madrugada del domingo, cuando supuestos manifestantes habrían incendiado y saqueado un edificio público en el que funcionan varias oficinas de la municipalidad.

La alcaldía local emitió un comunicado para rechazar la acción contra el edificio y recordar que desde esa instancia se apoya "la manifestación pacífica y sus razones y motivos en el marco del paro nacional", sin embargo, destacaron que los actos perpetrados el domingo "no involucraron una confrontación directa con la fuerza pública".
Polémica militarización

Durante el fin de semana, tras la quema de una estación de policía, se ordenó el despliegue militar y de la fuerza pública en esa zona, especialmente con la acción de los agentes del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, esa decisión solo hizo que escalara el conflicto.

"Determinamos estas acciones para lograr el desbloqueo de vías en estos municipios, obviamente garantizando los derechos humanos de las personas que protestan pacíficamente", aseguró Leonardo Rojas, secretario de Gobierno de Cundinamarca, citado por Blu Radio.

Atención: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

No obstante, en redes sociales circularon videos que mostraban la represión ejercida por los agentes del Estado, así como los choques entre la fuerza pública y los manifestantes, muchos de los cuales respondían con palos y piedras a la acción de los uniformados.

Una de las grabaciones que más se difundió fue el momento en que agentes del ESMAD golpeaban a un manifestante, quien aparentemente quedaba inconsciente en el asfalto. Tras las impactantes imágenes, el alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana Dimas, confirmó que el joven había sido atendido y se encontraba en condición estable.

"Ese ciudadano ya está siendo llevado ahorita al hospital San Rafael por Defensa Civil y también acompañado por derechos humanos, y en este momento se encuentra clínicamente estable, está consciente y está despierto", dijo Aldana.

El edil aseguró que los agentes del ESMAD solo se concentrarían en una zona particular del municipio, considerada la de mayor conflicto, al tiempo que anunció la instalación de una comisión de diálogo "de cuatro o cinco personas", que trataría de entablar una conversación con los líderes de la protesta en esa localidad.

El objetivo, aseguró el alcalde, es "evitar la confrontación" y desescalar la violencia. Pero las críticas a la actuación policial y sus acciones en zonas residenciales no han hecho más que atizar los ánimos. La noche del domingo, varias transmisiones en vivo mostraron cómo el ESMAD lanzaba gases lacrimógenos en zonas residenciales de Facatativá que afectaron especialmente a niños.

Atención: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Además, abundan las grabaciones que muestran la actuación desmedida de funcionarios policiales, que arremeten con violencia contra los manifestantes en zonas populares, como el Barrio Cartagenita, dejan a varios heridos y arrestan a personas, en medio de la indignación de los que documentan en video las agresiones.

La víspera, el propio alcalde Aldana rechazó la intervención de ese escuadrón antidisturbios en las zonas populares y envió un mensaje de advertencia al Gobierno Nacional: "Cuando el ESMAD entra a los barrios, esos daños colaterales que produce sobre espectadores inocentes, niños y adultos mayores es lo que ha llevado hoy al caos en la ciudad", dijo citado por el diario El Tiempo.

Según el balance de las autoridades locales, hasta la noche del domingo se reportaban 19 pacientes con politraumatismo, de los cuales la mitad ya estarían de vuelta en sus casas.

Además de los ataques de la fuerza pública contra los manifestantes, se reportó el incendio de camiones en la vía que comunica al municipio con el Occidente de Bogotá, como parte de las protestas.

Este lunes, el Mayor General Juan Alberto Libreros Morales, de la Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, reportó la restitución del tránsito vehicular en el sector Villa Alba, de Facatativá, y mostró las labores de desbloqueo de las vías de circulación.

Rechazo de la oposición

Desde los sectores de la oposición han cuestionado la acción de la fuerza pública contra la población de Facatativá y los manifestantes, por lo que han sugerido el retiro del ESMAD para facilitar el diálogo y la conciliación.

"Se esta viendo un verdadero alzamiento popular en el occidente de la Sabana de Bogotá solo por la soberbia de querer reprimir por reprimir", escribió el opositor Gustavo Petro.


Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del partido de los Comunes, clamó por un "diálogo definitivo" para atender la situación que se vive en todo el país, tras las "fuertes represiones" de la fuerza pública.

"En Facatativá se presentan fuertes represiones por parte del ESMAD a la sociedad civil, ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas más necesitan para frenar estas masacres? ¡Queremos un diálogo definitivo para la crisis humanitaria que viva el país!", escribió.

Bachelet pide una investigación "independiente" de
las muertes en Colombia durante las manifestaciones
Denis Balibouse / Reuters

Hasta ahora, el diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro no ha logrado mayor avance, salvo la renuncia del cuestionado alto comisionado para la Paz Miguel Ceballos, quien se separó del cargo para postularse a la Presidencia.

Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su "extrema preocupación" por la situación en el país y ha solicitado la autorización a la administración de Iván Duque para verificar la situación en el país, donde ya se contabilizan al menos 43 homicidios, presuntamente a manos de la fuerza pública, más de 1.400 detenciones arbitrarias, 1.133 víctimas de violencia física y 47 víctimas de agresiones oculares, de acuerdo al más reciente conteo de la ONG Temblores.

Nazareth Balbás

Convenio para construcción del Hospital en Soacha

Después de 14 meses de trabajo se logró, en el municipio de Soacha, la firma para el convenio del Hospital, una infraestructura de tercer nivel para beneficio no solo de los soachunos, sino de todos los cundinamarqueses.

“Las grandes obras y los grandes propósitos de ciudad no tienen partido político, las grandes obras de la ciudad se construyen entre todos y por eso estamos aquí retomando el esfuerzo de muchas personas. Por eso estamos aquí para firmar este convenio, para asumir ya ahí los 20.000 millones de pesos, que fueron nuestro compromiso”, mencionó el Gobernador Nicolás García.

Respecto a esta obra el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, comentó “Hoy las personas pueden ver unas pocas hojas, pero son 14 meses de trabajo, muchas lágrimas, mucho sudor el que toco tener para contar con estas páginas que harán realidad este sueño para Soacha de tener un hospital”.

A la firma de este convenio presidida por el Gobernador , asistieron el alcalde de Soacha, la gestora social de Soacha, la Secretaria privada del departamento, el gerente del hospital Mario Gaitán Yanguas, la gerente de la ESE Municipal, el presidente de la Asamblea, y varios diputados.

Hacinamiento en establecimientos penitenciarios





Frente a la preocupante situación de hacinamiento carcelario que aún persiste y evidenciada en recientes visitas de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo Regional-Cundinamarca a las unidades de policía en donde se recluyen de manera transitoria a las personas privadas de la libertad condenadas y sindicadas, la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Ministerio del Interior a debatir la necesidad de construir nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios en el territorio cundinamarqués que permitan salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad.

Para la CRMBC, es urgente trabajar en este frente, ya que el hacinamiento persistente en los centros de reclusión administrados por el INPEC en el Departamento, ha imposibilitado el traslado de esta población, ya que como lo informó la directora del INPEC para la Región Central, Imelda López, en sesión de junio de 2020 de la CRMBC, desde la dirección del nacional del INPEC, se estableció que no se firmarían con las entidades territoriales nuevos convenios para recibir más personas privadas de la libertad al interior de los EPC en el departamento de Cundinamarca, puesto que estos centros de reclusión no cuentan con cupos que permitan la garantía de derechos y bienestar de las personas privadas de la libertad.

Tomar medidas perentorias desde las instancias nacionales responsables de este tema, se hace hoy necesario, en la medida en que ante la pandemia del COVID-19, cómo lo expresó la Defensoría del Pueblo, en comunicación a la dirección Ejecutiva de la Federación Colombiana de Municipios, “es conocido también como dentro de los escenarios que ofrecen mayor riesgo de contagio, se encuentran las personas privadas de su libertad localizadas en los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios, y centros de reclusión transitorios del país...”.

La no solución de esta problemática, de acuerdo con los miembros de la CRMBC, pone en alto riesgo la población carcelaria, que como ya sucedió en la Estación de Policía de San Mateo, Soacha, Cundinamarca, fueron hechos intrínsecamente ligados al hacinamiento que existe en las diversas unidades policiales del departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá D.C.

De la misma forma, el contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo, se unió al llamado hecho por la Defensoría del Pueblo a las autoridades municipales en donde se les requirió la adopción de medidas para proteger la vida, la salud y la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad en detención preventiva, localizadas en sus centros de reclusión o en aquellos con los que tuvieran convenios para tal efecto.

A demás de este tema, durante la sesión ordinaria del mes de diciembre, la Comisión presentó el avance del plan de acción 2020-2021, en donde se destacaron actividades como el seguimiento a: reubicación de habitantes del barrio El Tao en Pacho; inclusión de políticas de lucha contra la corrupción en los planes de desarrollo territoriales; situación de los rellenos sanitarios, cumplimiento de la ley 843 de 2017; vigilancia de la contratación en la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-15, entre otros temas.

Por un nuevo tiempo...

 


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